Las autoridades mexicanas no han presentado a ningún detenido por el culiacanazo a tres años del operativo fallido que resultó en liberar a Ovidio Guzmán López, el Ratón, luego de que los Chapitos desataron el narcoterror en la capital de Sinaloa y lograron que el gobierno federal cediera a peticiones del crimen organizado mediante amenazas.
Aquel 17 de octubre de 2019, la Policía Federal Ministerial y agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acudieron a una casa en Culiacán, donde estaba el hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, pues pretendían cumplimentar una orden con fines de extradición a Estados Unidos. Pero el plan falló, los sicarios del Cártel de Sinaloa reaccionaron de inmediato e impidieron que el Ratón fuera encarcelado.
La Fiscalía General de la República (FGR) lleva el curso de las indagatorias e incluso se previó una investigación interna por parte de la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador para determinar responsabilidades de la mala planeación que desencadenó en caos y nueve muertos reconocidos oficialmente.
Han pasado tres años desde el llamado culiacanazo y el 27 de mayo pasado, el jefe del Ejecutivo federal prometió en Sinaloa que habría un nuevo informe más detallado sobre el avance de lo que han detectado en su gobierno de este caso. Por ejemplo, quiénes fallaron en específico y qué acciones se tomaron en consecuencia contra ellos. Pero transcurrieron los 15 días que fijó el presidente y las autoridades federales no ofrecieron nada.
Durante la primera semana de los hechos, la Fiscalía de Sinaloa aperturó indagatorias por el delito de homicidio doloso, su personal realizó el levantamiento de cuerpos y la necropsia de Ley correspondiente, pero después fue declinada competencia a la federación, según verificó Infobae México. Sin embargo, el caso no ha dado resultados visibles ni públicos a casi 36 meses de aquel jueves negro.
Cuando se cumplió un año se supo que la FGR encabezaba las investigaciones en su delegación de Sinaloa y de manera preliminar se indicó que era por actos de terrorismo. Pues sicarios del brazo armado de los Chapitos quemaron vehículos particulares y del transporte público para bloquear vialidades; dispararon en zonas contra la población civil; se enfrentaron al Ejército, amagaron con asesinar a familias de militares y secuestraron a 11 soldados.
Hace tres días se informó que las pesquisas ya estaban en manos de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de Fuego, según documentos localizados entre miles de correos electrónicos robados a la Secretaría de la Defensa Nacional por el colectivo de hackers Guacamaya.
Ni la FGR, ni el gobierno de López Obrador han destacado detenciones de quienes, probablemente, hayan participado en el narcoterrorismo en el bastión del Cártel de Sinaloa. Mucho menos se han identificado operativos para capturar, ahora sí, a Ovidio Guzmán López, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares.
En noviembre de 2021, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó un plan llamado Cero Impunidad, donde cada jueves el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja se informa de capturas, decomisos y condenas relevantes, en su mayoría, donde se ven involucrados supuestos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, así como operativos o explicaciones de casos de violencia que se dan en diversos puntos del país.
Tampoco en esas intervenciones de Mejía Berdeja se ha registrado información referente al culiacanazo ni seguimientos respectivos. Sin embargo, el subsecretario sí ha reportado que otras estructuras de los Chapitos se han visto afectadas, por ejemplo, células de los Salazar o Gente Nueva en Sonora y Chihuahua.
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