Autoridades aprueban terminación del contrato Rutas de Lima por “vulnerar los derechos de los ciudadanos”

En enero de 2023, Rutas de Lima señaló que la terminación del contrato de concesión de los peajes ubicados en la Panamericana Norte (de Chillón) y Sur (de Villa) genera que la Municipalidad de Lima esté obligada a asumir el pago inmediato de las inversiones.

Con el transcurrir de los meses, el alcalde Rafael López Aliaga argumentaba por qué deberían eliminarse el contrato; sin embargo, los ciudadanos peruanos querían saber cuándo dejarían de pagar 6.50 soles cada vez que tengan que ingresar o salir de Lima por las vías de la Panamericana Norte o Panamericana Sur.

Recientemente, la comuna de Lima informó a la opinión pública que se dispuso el término del contrato con la concesionaria. A través de la cuenta de Twitter del municipio de Lima, se da cuenta de esta decisión que alegra a miles de usuarios.

“En nuestro compromiso con la población, el alcalde Rafael López Aliaga junto al defensor del Pueblo y otros actores políticos, aprobaron la terminación del contrato Rutas de Lima S.A.C., por ser lesivo y vulnerar los derechos de los ciudadanos”, se lee en la red social.

Tras la difusión de este mensaje, los internautas respaldaron la decisión tomada por las autoridades, mientras que otros indicaron que el peaje continuará este año. Respecto a esta declaración, es pertinente dar a conocer que el Tribunal Arbitral Ad hoc de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) dispuso que el municipio mantenga el contrato “hasta que se dirima la controversia”.

“El Tribunal, por unanimidad, decide ordenar que se mantenga el status quo hasta que se dirima la controversia objeto del presente procedimiento, suspendiendo el procedimiento de caducidad del contrato en curso, durante el trámite del presente arbitraje”, señala el fallo de la CNUDMI.

Por su parte, Apoyo & Asociados Internacionales consideró que la controversia arbitral tardará en resolverse entre 18 y 24 meses, mientras tanto los conductores deberán seguir abonando los montos habituales de peaje.

“La obtención de la medida cautelar permite mantener la confianza en los contratos de concesión, los cuales son considerados contratos ley por nuestro marco jurídico”, precisa el reporte de la clasificadora Apoyo & Asociados Internacionales.

Cabe precisar que la decisión de terminar con el contrato en cuestión se tomó el viernes 7 de julio de 2023 en una reunión en la que participaron Rafael López Aliaga; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y otros actores políticos.

El tema central de esta reunión fue “dialogar la culminación de los contratos abusivos hacia la ciudadanía”. Tanto el burgomaestre como el defensor del Pueblo dieron los motivos para la nulidad del contrato.

“He leído el contrato más de 40 veces, porque he trabajado 40 años (…), y nunca he visto un contrato donde no haya una sola cláusula de protección para una contraparte. Pero ¿quién paga la factura? La gente más vulnerable. No la paga la gente que tiene una residencia”, sostuvo López Aliaga.

Por su parte, el defensor del Pueblo también emitió su juicio de valor sobre el contrato con la concesionaria.

“No puede ser que ningún contrato, sea entre peruanos o con otras empresas transnacionales, pueda vulnerar los derechos, acciones que ya están desarrolladas en nuestro marco normativo constitucional y en las normas de desarrollo”, manifestó.

Defensoría afirma que redondeo aplicado a las tarifas de peajes perjudicó a los usuarios

La defensoría del Pueblo, institución encabezada por Josué Gutiérrez Cóndor, confirmó que el redondeo aplicado a las tarifas de peajes, “ilegalmente pactado en el contrato”, perjudicó a los usuarios, favoreciendo a Rutas de Lima con una recaudación adicional de más de siete millones de soles.

“Se detalló que estas cláusulas transgreden el artículo 65 de la Constitución y el artículo 44 del Código de Protección al Consumidor, y que el contrato perjudica a los usuarios de las vías y no ha previsto un mecanismo de devolución del redondeo realizado en perjuicio del usuario”, se lee en el documento.

Además, la Defensoría señaló que el contrato y su ejecución afectó el bien común, la dignidad humana, los principios democráticos, la convivencia pluralista y los derechos fundamentales de las personas. Ante ello, exhortó encontrar una salida conjunta dentro de los márgenes de la ley.