Audiencia contra Nicolás Burgos y Day Vásquez: hijo del presidente reconoció que sí entraron dineros sucios a la campaña de Gustavo Petro

Desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación se reanudó el jueves 3 de agosto de 2023 la audiencia en la que el ente investigador determinará medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Nicolás Petro Burgos, diputado del Atlántico e hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Y se conocieron explosivas relevaciones por parte del implicado.

Durante la diligencia judicial, el fiscal Mario Burgos, que señaló al joven político de cometer los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, reveló nuevo material probatorio en contra de Petro Burgos, de 37 años, y de su expareja, a quien la señalaron de los punibles de lavado de activos y violación de datos personales.

“Petro dejó en claro los compromisos de corroborar y ratificar la teoría del caso de la Fiscalía General de la Nación, ya que el mismo indicó que fueron respaldados con suficiente material probatorio y evidencia física de información legalmente obtenida, procedió a formularle cargos”, señaló el representante de la Fiscalía.

Sí entraron dineros “calientes” a la campaña de Gustavo Petro, según su hijo

Según lo expuesto por el fiscal Burgos, el hijo de Gustavo Petro indicó al ente investigador que a la campaña de su padre sí ingresaron dineros de dudosa procedencia, con lo que se violaron los topes electorales; por lo que se abrirán otras líneas de investigación, que permitan comprobar dichas afirmaciones.

“El señor Petro Burgos aportó información relevante que, hasta el momento, la Fiscalía la desconocía. Entre ellos, llama la atención la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente, doctor Gustavo Petro Urrego y de los dineros que ingresaron a dicha campaña; los cuales, al parecer, habrían superado los topes mínimos de la ley”, recalcó el fiscal.

Pero también se conoció, según reveló Burgos, que Nicolás Petro aceptó haber recibido dineros de Santander Lopesierra, más conocido como el Hombre Malboro, y de Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso Hilsaca, El Turco, que iban dirigidos a la campaña de su progenitor; pero que terminaron en su poder. Como también de Óscar Camacho, presentado como un poderoso empresario de Cúcuta.

“Sí recibió altas sumas de dinero de parte del señor Samuel Santander Lopesierra, conocido como El Hombre Malboro. El señor Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del reconocido Alfonso “El Turco’ Hilsaca; del señor Óscar Camacho, en calidad de poderoso empresario de Cúcuta, de los cuales una parte de esos dineros fueron utilizados por el señor Nicolás Fernando Petro Burgos y su compañera sentimental esposa, Daysuris del Carmen Vásquez Castro, para incrementar su patrimonio de manera injustificada.

Del mismo modo, Petro Burgos presentó la renuncia a su cargo como asambleísta del Atlántico y se comprometió a no estar inmerso a actividad política alguna. Según el fiscal del proceso, el primogénito del presidente no representa peligro alguno a la sociedad. Así lo confirmó el fiscal Mario Burgos, con lo que el hijo del presidente mostró voluntad de afrontar su defensa sin el fuero que representa.

Lo que se espera conocer en detalle

Se espera que se sepan, además, qué otras relaciones tiene Petro Burgos con políticos y empresarios que estarían involucrados en actos de corrupción, luego de aceptar que la campaña del actual jefe de Estado, quien fue elegido como presidente el 20 de junio de 2022, tras ganar la segunda vuelta ante Rodolfo Hernández, sí se vio permeada por recursos que no habrían sido legalizados.

“Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración, donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino”, sostuvo el martes 1 de agosto el primogénito del mandatario, en la mencionada audiencia.

En caso de ser encontrado culpable, Petro Burgos podría verse inmerso en una pena entre 10 y 30 años de cárcel, por el delito de lavado de activos, y una multa que iría entre los 650 y los 50.000 salarios mínimos mensuales vigentes; según está contemplado en el artículo 323 del Código Penal Colombiano.