La asesora jurídica principal de Human Rights Watch (HRW), María McFarland Sánchez-Moreno, planteó este jueves la necesidad de que la administración del presidente estadounidense Joe Biden retire las visas a funcionarios peruanos involucrados en corrupción y abusos para frenar el deterioro del Estado de derecho.
En una columna titulada “¿Se convertirá Perú en el próximo paraíso del crimen organizado en América Latina?”, y publicada en The Hill ―un medio ampliamente reconocido en el ámbito político de EE.UU.―, la letrada denunció un panorama alarmante en Perú. Según describe, un “mosaico de intereses privados” ha doblegado al Gobierno de Dina Boluarte y desmantelado protecciones de derechos humanos y ambientales, un panorama que ha creado un ambiente ideal para el florecimiento del crimen organizado.
McFarland Sánchez-Moreno subrayó que Washington se ha mostrado reacio a actuar frente al ataque al Estado de derecho, posiblemente preocupado por alimentar la inestabilidad política o por la creciente influencia china. Sin embargo, advirtió que si Perú continúa por el camino de la destrucción institucional, los funcionarios de Washington pronto podrían “tener que lidiar con contrapartes aún más peligrosas e inestables.”
La asesora de HRW atribuyó gran parte del problema al Parlamento peruano, que desde la destitución del expresidente Pedro Castillo “ha promovido una agenda favorecedora para actores corruptos y criminales”.
Criticó diversas medidas, como el proyecto contra la colaboración eficaz, la llamada ‘ley Soto’, la ley que daba vía libre a la deforestación de la Amazonía y los ataques a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), todo lo cual beneficia “directamente al crimen organizado y a intereses privados que se lucran con actividades ilegales”.
También arremetió contra la presidenta Dina Boluarte, al acusarla de alinearse con el Congreso, que la ha blindado frente a siete mociones de destitución. “Lejos de luchar contra estas medidas, la presidenta ha unido fuerzas”, afirmó. Asimismo, señaló que tanto el Tribunal Constitucional como la Defensoría del Pueblo han tomado decisiones que favorecen los intereses del Congreso. “Ambos organismos ahora rutinariamente se ponen del lado de los intereses del Congreso en formas que socavan el Estado de derecho”, enfatizó.
La letrada resaltó la necesidad de la intervención estadounidense en esta crisis y propuso una medida concreta: “Quitar visas a personas vinculadas de manera creíble con abusos y corrupción enviaría un fuerte mensaje de que a la administración Biden le importa el Estado de derecho en Perú”.
También sugirió que EE.UU. debería trabajar con los gobiernos democráticos de la Organización de Estados Americanos (OEA) para generar preocupación sobre el debilitamiento de la democracia.
Finalmente, indicó que aún no es demasiado tarde para detener la infiltración del crimen organizado y evitar que Perú siga el camino de Venezuela o Guatemala, donde ya controla “las instituciones estatales, con consecuencias devastadoras para la democracia y los derechos humanos”.
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