Pedro Enock García Palazuelos, ex secretario de Seguridad Pública de Tapachula, Chiapas, fue detenido junto con ocho policías por su presunta responsabilidad en actos de tortura contra la periodista y activista Cinthya Alvarado Enriquez.
Agentes de la Fiscalía General de la República complementaron órdenes de arresto contra los nueve ex servidores públicos, luego de que reprimieran una protesta hace un par de semanas. Los elementos municipales detuvieron arbitrariamente a Alvarado Enriquez y agredieron a otros reporteros, lo mismo que a manifestantes.
“Los hechos se refieren a la detención de una periodista el 27 de enero de 2020, durante una manifestación pública en la plaza central del municipio mencionado, mientras reportaba las agresiones de la Policía Municipal a personas de la zona que se manifestaban para pedir un camino rural”, destacó la FGR.
A través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión se aportaron pruebas para solicitar las detenciones de estos sujetos.
Tras conocer del arresto, la activista de Tapachula queda en espera de justicia para que sean castigados los autores materiales de la represión que sufrió, según consignaron medios locales.
La organización de defensa de la prensa Artículo 19 denunció en su momento la detención de la periodista, que previamente había puesto dos denuncias por amenazas en su contra e indicó que había sido agredida físicamente y despojada de sus pertenencias.
Asimismo, en su comunicado del 28 de enero del año pasado, explicaba que otro reportero fue pateado por los policías en distintas partes del cuerpo y sobre todo en la cabeza mientras cubría la manifestación.
La fiscalía especializada en delitos contra los periodistas consideró que había pruebas suficientes para acusarles de tortura.
Por otra parte, el portal Chiapas Paralelo destacó que fueron giradas al menos 25 órdenes de aprehensión contra igual numero de agentes municipales que actuaron sin legalidad contra la periodista, así como en agravio de decenas de campesinos indígenas de Toquián y Pavencul.
De acuerdo con lo recopilado por Artículo 19, en el mismo evento fueron agredidos físicamente Damián Sánchez, reportero freelance, así como Alejandro Gómez, reportero del medio digital Diario del Sur, igual por uniformados de Tapachula.
En tanto que fue bloqueado informativamente, Gustavo López, presidente de la Asociación de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación de Chiapas A.C. y reportero de Televisa Chiapas y del medio Radio Núcleo.
De acuerdo con reportes locales, Alvarado Enriquez fue fundadora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Tapachula. Por este partido aspiró a una precandidatura de diputación estatal, pero fue relegada y, desde entonces, se convirtió en una adversaria interna.
De ahí que el pasado 7 de enero se registró como aspirante a una curul en el Congreso chiapaneco por el Distrito XII, pero abanderada por Redes Sociales Progresistas.
Cabe destacar que Pedro Enock García Palazuelos ya había sido denunciado en marzo del 2020,pues personal a su cargo golpeaba a indígenas de Pavencul y Toquian. Aquella vez se exigía su renuncia.
La captura de funcionarios involucrados en delitos contra periodistas no es habitual en México, donde las agresiones contra los comunicadores suelen quedar mayoritariamente en la impunidad. Más inusual es que los arrestos tengan lugar en un caso como el de Tapachula, que no tuvo una gran transcendencia mediática fuera del estado.
La excepción tuvo lugar hace una semana cuando, después de más de 15 años de batalla judicial, fue capturado un exgobernador mexicano por torturas a una famosa periodista que reveló una trama de explotación infantil.
Mario Marín, gobernador del estado central de Puebla por el Partido Revolucionario Institucional entre 2005 y 2011, está acusado de violaciones a los derechos humanos de Lydia Cacho en 2005, cuando la periodista fue detenida irregularmente y fue objeto de torturas físicas y psicológicas con el fin de bloquear una investigación que desveló una red de protección de una gran trama político-empresarial de explotación sexual de niños de entre 4 y 13 años.
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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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