Este martes, a las 13.00 horas, María y Daniel han entrado a juicio en Alcorcón. El motivo, que Blackstone, dueño de su vivienda, le impone cláusulas abusivas tras finalizar su contrato. Pagar el IBI, la comunidad y una subida del alquiler de más de 300 euros mensuales. Esta pareja se ha personado en los juzgadores junto al Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
María y Daniel forman parte de un problema estructural de la vivienda en Madrid que ha quedado patente durante la mañana de este martes. Al juicio se han personado otras 39 familias, todas en riesgo de desahucio o pendientes de que Blackstone imponga unas condiciones que les lleve a abandonar las casas donde viven y pagan sus alquileres.
“Me llevan a juicio porque se me ha acabado el contrato y no soy suficientemente rentable”, ha dicho María en las puertas del juzgado, antes de arrancar su pleito. De fondo, sus compañeros y afectados, que tarde o temprano se verán en las mismas. “Me han propuesto un nuevo contrato con una subida del 30%, no quiero aceptar esta situación. Gente de Getafe, Aranjuez… somos muchos los que estamos en las mismas. Me llevan a juicio para meterme miedo”, ha aseverado la vecina de Alcorcón.
Madrid puede convertirse en los próximos meses en una región tensionada por la cantidad de demandas, juicios y potenciales desahucios ejecutados por Blackstone y sus empresas filiales en España. Son muchos los contratos que se tendrán que renegociar y las empresas, aseguran desde el Sindicato de Inquilinos, no van a ceder en sus demandas. “Solo quieren inquilinos que paguen más”, ha declarado la asociación a Infobae España.
De hecho, María y Daniel han pagado su alquiler durante dos años, pese a que el contrato estaba caducado y pospuesto por la covid-19, como muestra de buena voluntad. No ha servido para evitar un nuevo contrato y un juicio por oponerse a ello.
La nueva ley de vivienda aprobada por el Gobierno de coalición ha demostrado tener lagunas que las inmobiliarias y propietarios regatean para alcanzar esas grietas: florecen los contratos temporales —menos de 11 meses— para que los honorarios de las inmobiliarias queden a cargo de los inquilinos y las gestorías han redefinido el pago que tiene que hacer el inquilino, que ahora lo denominan en muchas ocasiones como “gastos administrativos” para que sigan abonando la mensualidad que con la nueva normativa quedaba a cargo de los dueños de la vivienda.
En una situación similar a la de María se encuentra Antonio, pensionista que ha visto cómo su contrato subirá hasta engullir el 80% de la mensualidad que percibe: “Esta es la normalidad para los que vivimos de alquiler y no se nos protege. Cada juicio y cada desahucio que paramos va a generar poder colectivo y ganar la guerra a la especulación y al rentismo”, ha dicho el hombre antes de subir las escaleras rumbo al juicio de María, que solo quiere pagar un alquiler en el barrio donde lleva afincada varios años.
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