Millares de argentinos comenzaron este domingo a conmemorar en calma en la Plaza de Mayo el vigésimo aniversario del estallido popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuya represión causó 39 muertos en medio de una crisis económica sin precedentes.
Al fin del domingo, en la Plaza de Mayo se fueron instalando stánds de organizaciones sociales, sindicatos y partidos de izquierda para realizar una vigilia: en un escenario, se escuchaba un discurso, en otra punta un debate, más allá una proyección de un documental que recuerda el estallido.
Las conmemoraciones culminarán el lunes en una gran manifestación, a la que se sumarán sectores cercanos al gobierno (peronista de centroizquierda).
Argentina vivió hace 20 años la peor de sus crisis económicas y políticas, que derivó en el default más grande de la historia, al colapsar el tipo de cambio fijo, con depósitos bancarios confiscados y el presidente conservador Fernando de la Rúa huyendo en helicóptero en medio de la rebelión popular.
“Recordar el 2001 no puede ser solo nostalgia. 2001 tiene que ser aprendizaje porque de nuevo nos encontramos en la misma situación. La deuda es con el pueblo”, advirtió desde un escenario Ofelia Fernández, legisladora por la coalición de gobierno Frente de Todos.
En otro punto de la Plaza, se llevó a cabo una mesa de debate del Polo Obrero, organización social ‘piquetera’ de la izquierda radicalizada, surgida al calor de la crisis de 2001.
“Estoy orgulloso de estar aquí 20 años después. 2001 fue un golpe popular, una rebelión popular que golpeó en el corazón del poder político”, indicó el dirigente Néstor Pitrola al advertir que dos décadas después “estamos otra vez suplicando en Washington un acuerdo (con el Fondo Monetario Internacional) que nos va a traer una década de miseria”.
Más temprano, el presidente Alberto Fernández inauguró una placa en la explanada de la Casa Rosada (gobierno) con los nombres de los 39 muertos, al considerar necesario que “el Estado nacional institucionalmente se haga cargo de lo ocurrido”.
“En memoria de quienes fueron víctimas de la violencia institucional defendiendo la democracia en todas las calles del país. El dolor por las vidas perdidas es el cimiento para luchar por una Argentina justa”, reza la placa.
El gobierno anunció que enviará un proyecto de ley que establezca una indemnización para las víctimas de la represión policial.
Al hablar frente a familiares de las víctimas, Fernández lamentó que “la justicia tardó 20 años en llegar”.
La semana pasada, la Cámara de Casación confirmó las condenas emitidas en un juicio en 2016 al entonces secretario de Seguridad Enrique Mathov (4 años y 3 meses) y al exjefe policial Rubén Santos (3 años y medio), por tres homicidios culposos (involuntario) y lesiones a 25 víctimas.
Sin embargo, las sentencias no están firmes porque fueron recurridas ante la Corte Suprema.
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