ARA San Juan: los tres poderes del Estado investigan los hechos por separado

“Mi hijo desapareció hace cuatro meses. La única certeza que tengo en estas Pascuas es que qué no habrá resurrección para él”. La estremecedora frase pronunciada por la madre de uno de los 44 marinos desaparecidos aquel cada vez más lejano 15 de noviembre de 2017, desnuda la extrema incertidumbre que atraviesa cada una de las familias de los tripulantes del ARA “San Juan” en el presente.

Otro de los testimonios recogidos podría sintetizarse de la siguiente manera: en dos meses más, de seguir todo así, la justicia dictaminará la “desaparición con presunción de fallecimiento“. A partir de allí la Armada ya no los considerará personal en actividad, le concederá un grado de ascenso en la jerarquía militar a cada tripulante en razón de haber muerto en acto de servicio, dejará de abonar los salarios militares y aquellos que tengan esposa o descendencia, pasarán a cobrar una pensión militar que abona el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Pensiones y Retiros Militares, conservando el derecho al usufructo de la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). El resto de los deudos dejarán formalmente de tener alguna relación con la Armada, más allá de los afectos que hubieran podido tejer en estos meses.

Sin contrariar el sentir de las familias, que más allá de algunos contrapuntos formales, invariablemente exigen precisiones que por ahora nadie parece estar en condiciones de brindar, el mero transcurrir del tiempo ha dejado al descubierto algunas otras cuestiones que no podrán ser soslayadas por ninguno de los organismos que investigan lo ocurrido con el único submarino activo que tenía el país.

Repasemos:

La nave había sido sometida a una reparación mayor (llamada de media vida) entre 2008 y 2014, la misma se hizo en el complejo industrial de Ministerio de Defensa y si bien hay sospechas de contrataciones irregulares y sobreprecios, la Armada Argentina ha sostenido reiteradamente que la calidad de mano de obra y materiales empleados, fueron supervisados y que se cumplieron todos los parámetros exigidos por la ciencia y el arte naval.

No obstante, al menos un reconocido ingeniero naval especializado en submarinos, sostiene que el método y material empleado para volver a soldar el casco del “San Juan” no fue el adecuado.

A pesar de lo relativamente reciente de la mencionada reparación general, a fines del 2016 el entonces Inspector General de la Armada, Contraalmirante Lezana dictaminó que el San Juan no se encontraba en condiciones de operar. Este dictamen fue sostenido por el actual Inspector de la fuerza Contraalmirante de Infantería Pérez Bacchi.

Asimismo, un par de meses antes de la zarpada de su último viaje, el propio comandante del submarino, Capitán de Fragata Fernández realizó un informe en el que detallaba una serie de fallas que llaman la atención de los peritos navales por cuanto algunos elementos tildados de “deficientes” por el Capitán Fernández, no se condicen con material que en teoría había sido reparado hacía relativamente poco tiempo. Asimismo algunas querellas han adelantado que harán incapié en el hecho de que el submarino hacía 45 meses que no salía del agua para inspección en dique seco, siendo que por norma de fábrica, esto se debe hacer cada 18 meses.

No es menos cierto que el mismo comandante que efectuó el informe antes citado, calificó con 4,25 puntos (sobre un máximo de 5) la aptitud del San Juan para navegar. Esto como resultado de una tradicional prueba general de sistemas, que los submarinistas hacen 48 horas antes de la zarpada de una unidad naval de este tipo.

Todo lo sucedido a partir de las 0730 Hs. del 15 de noviembre de 2017, es materia de controversia. Desde la celeridad con la que la Armada instrumentó el operativo de búsqueda y rescate (SAR – SUB) hasta la cantidad y tenor de las últimas comunicaciones del San Juan con su comando superior, el objetivo de la real misión de la nave, y hasta la verosimilitud de la “explosión” detectada por un organismo internacional que controla ensayos nucleares. Hoy también puesta en duda por algunos especialistas navales , que sostienen con no poco fundamento, que bien podría haberse tratado de una “implosión” propia del quiebre de la resistencia estructural de la nave, al comenzar a descender sin control a profundidades que superaban las que por diseño podía resistir. “De allí que no se encuentren rastros, todo está aprisionado en el interior del San Juan” sostiene un reconocido Ingeniero Naval con experiencia en reparación de unidades de la Armada.

Cada Poder con su propia investigación:

Fue la propia Armada la que se presentó ante la Justicia Federal de Caleta Olivia para denunciar la desaparición del San Juan. A partir de allí, la Jueza Federal Marta Yañez abrió una causa por “Averiguación de Ilícito”. Una tarea titánica si se tiene en cuenta que el mar y lo que pasa en él, siempre es de difícil compresión para quien no profesa una especialidad naval. Las tres querellas que se han presentado hasta ahora en la causa, coinciden en manifestar que la labor de la Jueza es correcta y que está procediendo con un altísimo grado de profesionalismo. “Estamos dejando la vida y la familia en esto” habría confesado la magistrada hace pocas horas.

A efectos de no dar ningún paso en falso Yañez está cubriendo al milímetro, cada circunstancia previa a la tragedia. Para ello dispuso una amplísima etapa de declaraciones testimoniales. Desde los dos tripulantes que abandonaron (por razones de servicio uno y problemas familiares el otro) el submarino horas antes de su desaparición, hasta altos oficiales navales con responsabilidad directa en la planificación, seguimiento y control del buque desaparecido y sus eventuales misiones primarias y secundarias.

La semana que se inicia será fundamental ya que entre el 5 y el 6 de abril, prestarán testimonio nada menos que los dos anteriores comandantes del San Juan, Capitanes Eduardo Cella Irigoyen (promoción 122) y Ernesto Horacio Blanco (Promoción 119) Oficiales ambos con mayor antigüedad en la Armada que el último comandante quien integra la Promoción 124 de la Escuela Naval Militar.

Tanto la fiscalía como las querellas, se interesarán fundamentalmente en saber cómo transcurrieron las navegaciones que mediaron entre la re entrada en servicio de la unidad hasta su desaparición. Que fallas se reportaron, porque se navegó con elementos de seguridad vencidos (Fernández informó que los trajes de salvamento estaban vencidos desde 2010 y 2011) y fundamentalmente el comportamiento de las baterías ya que las mismas no fueron cambiadas sino simplemente recicladas. Aunque esto no implica una maniobra ilegal por parte de la Armada o el Ministerio de Defensa, ya que por contrato se estableció precisamente esta tarea a realizar y no la provisión de baterías nuevas.

Otra punto que abordarán las querellas es por qué Srur no informó “inmediatamente” a la Prefectura cuando perdió contacto con el submarino, ya que esa fuerza tenía unidades que podrían haber llegado rápidamente en ayuda.

En la segunda semana de abril entre tanto, se concretará el testimonio que tal vez permita pasar a otra etapa en la investigación. Declarará el ex Jefe del Estado Mayor de la Armada Almirante en situación de retiro obligatorio, Marcelo H Srur.

El ex jefe naval deberá indicar que tratamiento le dio al informe que el Inspector Naval le presentara en dic de 2016 ya que era su subordinado directo según la orgánica naval. Asimismo tendrá especial interés para la causa el saber porque mientras que el vocero naval capitán Enrique Balbi transmitía el mensaje oficial de la Institución que daba cuenta de una absoluta condición de navegabilidad del San Juan, él en su carácter de Jefe de la fuerza pasaba a disponibilidad a quien sería nada menos que su sucesor, el Contraalmirante Lopez Maceo, iniciándole un sumario por nada menos que “Poner en peligro la vida de la tropa”. Algo que a primera vista suena con un verdadero contrasentido según sostienen los allegados a la causa.

Mientras tanto y en forma paralela, El PEN, a través del Ministerio de Defensa, ha conformado una junta de accidentes en la que tres oficiales de alto prestigio profesional (todos ex comandantes del San Juan) intentan descifrar que es lo que pudo haber sucedido. El triunvirato lo integra entre otros el Capitán de Navío Jorge R Bergallo, padre del segundo comandante del submarino durante la tragedia. Bergallo reputado como un hombre íntegro, medido y excelente profesional, agitó el avispero días pasados al decir en su carácter de padre que “prefiero no saber qué es lo que pasó. No quiero que los busquen más”. Declaración que pareció reñida con su actual condición de investigador.

Asimismo la bicameral conformada a tal efecto, inició su actuación con una alta dosis de politización en la tarea. “Parecen más encaminados a pedir la cabeza del ministro que en averiguar qué fue lo que pasó” sostienen legisladores oficialistas.

La comisión ya recibió a los familiares de los 44 tripulantes y además tomó el testimonio del especialista en búsquedas marinas Hugo Marino, empresario Venezolano que sostiene que su firma es la más adecuada para dar con el buque hundido. El ofrecimiento de Marino es de carácter netamente comercial, sus servicios rondarán los U$S 4.000.000 si es contratado y sus antecedentes están siendo evaluados por el gobierno nacional.

En este contexto, la preocupación por estas horas parece radicar en lo que podría ocurrir si cada poder del Estado arriba a una conclusión diferente sobre las causas y responsabilidades sobre lo ocurrido con el malogrado submarino. Si bien la única que podrá juzgar a los responsables ( si los hubiera) será la Justicia Federal, “podría darse el caso de tener hasta tres finales abiertos, lo que sumaría una cuota de incertidumbre adicional a la que ya tenemos” indican las fuentes navales consultadas por Infobae.

FUENTE: INFOBAE NOTICIAS