¿Cuál fue la causa del hundimiento del ARA San Juan? Cuarenta y cinco cuerpos de expediente, más de treinta cajas de documentos reservados, doscientos quince testigos, cuatro oficiales de la Marina imputados y otros tres con falta de mérito por falta de pruebas y un pedido de investigación sobre la entonces autoridades nacionales y de la Armada. Así está hoy la causa que investiga el hundimiento del submarino, la tragedia en la que murieron hace cinco años sus 44 tripulantes y que aún no se sabe cuando llegará a ser esclarecida en juicio oral.
A cinco años del aquel naufragio, la Justicia aún desconoce la mecánica exacta de la tragedia. No se realizaron las investigaciones sobre las imágenes tomadas de los restos del buque de guerra a más de 900 metros de profundidad contenidas en tres discos rígidos extraíbles aportados por la empresa Ocean Infinity; ni se nombró a un equipo de peritos internacionales para llevar adelante la tarea.
La causa judicial, a cargo de la jueza federal de Caleta Marta Yañez está caratulada como “estrago culposo agravado por muerte de 44 personas”. Lleva el número 17379/17. El artículo 189 del Código Penal impone una prisión de “un mes a un año, al que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos” y agrega que “si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona o causare la muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta cinco años”. Es decir, es muy poco probable que alguno de los procesados en la causa, en caso de ser encontrados culpables, termine preso, como desean los familiares de las víctimas.
El Jefe de Estado Mayor de la Armada, Almirante Marcelo Srur , responsable máximo del arma, y el ministro de Defensa Oscar Aguad, fueron citados en el expediente en calidad de “testigos”.
Mauricio Macri, el Comandante en Jefe de la Fuerzas Armadas, no fue incomodado nunca por la jueza Yañez, a pesar de que el 19 de noviembre de 2020 la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia le ordenó a la magistrada de primera instancia “investigar” a Macri, Aguad y Srur por sus presuntas responsabilidades en el hundimiento del buque de guerra. Hasta ahora. las querellas no han tenido novedades del avance en la investigación sobre las tres altas autoridades.
Una de las querellas está encabezada por Luis Tagliapietra, padre Alejandro Damián, uno de los tripulantes desaparecidos que se especializaba dentro del arma submarina en control de armas. Estaba bajo el mando de Eliana Krawczyk, quien era la única mujer submarinista de la región. La causa también es impulsada por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias.
La palabra impunidad sobrevuela el expediente.
La justicia civil
El mismo día que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia le ordenó a la jueza Marta Yañez investigar a Macri, Aguad y Srur, confirmó los procesamientos del ex comandante de la fuerza de submarinos Claudio Villamilde; del ex comandante de adiestramiento y alistamiento naval Luis Enrique López Mazzeo; del ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso y del ex jefe de departamento de operaciones Hugo Miguel Correa.
Todos ellos se encuentran procesados por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal, por el hundimiento del ARA San Juan”.
En el fallo de 177 carillas, los camaristas Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman dispusieron el sobreseimiento del ex jefe del departamento logística de la fuerza submarina Jorge Sulia y del ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada Eduardo Malchiodi.
Los jueces, en la extensa resolución, también ordenaron que la jueza de primera instancia arbitre los medios para realizar una “pericia técnico-informática sobre el material fílmico y mosaico de fotografías correspondientes al hallazgo del submarino ARA San Juan por parte de la empresa Ocean Infinity”, una imposición que aún no se materializó.
A su vez le pidieron que se realice una “pericia integrada por un cuerpo de técnicos en la especialidad submarinista o ingenieros navales, los que serán designados de oficio por el Tribunal, por el Ministerio de Defensa, la Armada Argentina y por cada una de las partes (defensas y querellantes)”. Esto tampoco pasó.
El 24 de septiembre de 2020, y después de conocerse la denuncia por supuesto “espionaje” que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) habría realizado sobre las víctimas y querellas, la jueza afirmó sobre la causa que ella investigaba: “Me atrevo si se quiere a compararlo: esto fue una AMIA a 900 metros de profundidad, con un elemento muy particular: que es un arma de guerra y con personas adentro”. La cuestionada frase la dijo en Télam Radio.
Casi dos años después, el 17 de julio pasado, la Cámara Federal porteña revocó el procesamiento dictado por el juzgado federal de Dolores contra Macri y la cúpula de la AFI integrada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y los ex directores operacionales de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, el ex director de Reunión Eduardo Winkler, el ex jefe de la base Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez y cinco agentes que revistaban en esa repartición. Allí se denunciaba un espionaje por parte del ex presidente y esos ex agentes hacia los familiares de las víctimas del ARA San Juan cuando reclamaban por la búsqueda del submarino.
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Las querellas y la fiscalía apelaron la decisión a través de un recurso de casación. Hasta ahora los jueces no tomaron imperio sobre lo que el abogado Tagliapietra calificó como “el evidente, grotesco e inhumano espionaje ilegal sufrido por algunos familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, pero también del buque pesquero Rigel”.
Los familiares de los marinos muertos entienden que también en esta causa la impunidad sobrevuela el expediente.
Consejo de Guerra
Por fuera de la justicia civil, el hundimiento del submarino con su tripulación también fue investigada por el Consejo General de Guerra que estuvo conformado por el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Teniente General Juan Martín Paleo (Ejército) y el Brigadier Pedro Girardi (Fuerza Aérea), ambos en condición de vocales, mientras que lo presidió un funcionario civil, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares Sergio Rossi por delegación expresa del ex entonces ministro de Defensa Agustín Rossi.
La acusación estuvo a cargo del auditor militar Comodoro Ricardo Daniel Méndez. Las fojas que componían el relato de los hechos que llevaron al hundimiento del buque de guerra tenían un distintivo: doscientos cuarenta sellos rectangulares con la palabra “CONFIDENCIAL” escrito en mayúscula encabezan cada una de las fojas que componía la acusación.
Al igual que la jueza Yañes, el comodoro Menéndez tampoco logró determinar las razones por las cuales el submarino terminó en el lecho del océano. “Del análisis efectuado en el presente informe, mediante el auxilio de los antecedentes reunidos, informes periciales y demás medios probatorios rendidos y de la asistencia técnica con la que ha contado el suscripto, surge que no ha podido adquirirse una certeza absoluta respecto de las razones que produjeran el naufragio del Submarino”.
Las penas administrativas que aplicó el Consejo General de Guerra fue el siguiente: destituyó al Capitán de Navío Claudio Villamide, ex jefe del Comando de la Fuerza de Submarinos por “negligencia”, al entender que dejó en evidencia “falta de cuidado o descuido de la tropa y equipamiento a su cargo”.
Juan Pablo Vigliero, abogado defensor del ahora ex militar, entendió ante este medio que: “La resolución del Consejo de Guerra está basada en una decisión política”. Villamide también atacó en una entrevista para el documental de Infobae, la decisión del del tribunal. (Ver nota).
El tribunal también dispuso el “arresto riguroso” por 45 días del ex jefe de la Armada, Almirante Marcelo Srur por haber informado de manera “incompleta” al ministerio de Defensa los sucesos acontecidos con el submarino, “impidiendo de esta forma también proporcionar información a los familiares de los tripulantes, con el agravante de no comparecer ante la opinión pública”.
El contraalmirante (R.E.) Luis Enrique López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, recibió la sanción de 15 días de arresto riguroso, “por encontrarse con procesamiento confirmado en la causa penal que tramita en el juzgado federal de Caleta Olivia, Santa Cruz, a cargo de la jueza Marta Yáñez”.
El contraalmirante (R.E) Eduardo Malchioldi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales, fue “absuelto por falta de mérito decretado en la causa penal” que tramita en Caleta Olivia.
Al capitán de navío Héctor Alonso se le aplicó una sanción de 30 días de arresto riguroso por “no haberse constituido en la sede del Comando de la Fuerza de Submarinos ni haber convocado de inmediato a los integrantes del Estado Mayor, a los fines de analizar la situación y prestar asesoramiento al Comandante”.
En este caso, se dispuso la sanción de arresto -en lugar de destitución- ya que el oficial se encuentra con procesamiento confirmado en la causa penal a cargo de Marta Yañez.
El capitán de fragata Hugo Miguel Correa también fue sancionado con 30 días de arresto riguroso.
Por último, el capitán de corbeta Jorge Sulia fue absuelto debido a la falta de mérito que se le decretó en la causa penal.
— ¿Qué es hacer justicia para los 44 tripulantes?, le preguntó Infobae a Tagliapietra.
— Yo creo que honrarlos con la verdad. Creo que la mejor manera de hacer justicia siempre, siempre es a través de la verdad.
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