Andrés Hurtado en la mira: Presidenta de la Corte de Lima exige desmentir fiesta para jueces o iniciará acciones legales

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, anunció este lunes que ha enviado una carta notarial al conductor Andrés Hurtado para exigirle que desmienta haber organizado o producido el almuerzo de camaradería realizado por el Día del Juez en 2023. De lo contrario, procederá con las “acciones legales correspondientes”.

En un pronunciamiento público, la magistrada indicó que la figura televisiva, envuelta en una presunta trama de tráfico de influencias y sobornos, no tuvo ninguna participación en el evento y tampoco sufragó gasto alguno en dicha actividad. “El Día del Juez 2023 fue solventado enteramente con fondos de los propios jueces y juezas de la Corte de Lima, que asistieron al evento privado mediante un aporte económico voluntario y acordado previamente entre ellos, por concepto de alimentos y demás”, aseguró.

Asimismo, informó que “el salón de recepción del distrito de San Borja fue cedido en forma gratuita por la Asociación Distrital de Magistrados de Lima por unas cuantas horas para su uso con dicha finalidad”. Vidal La Rosa Sánchez también se refirió al vínculo que mantienen sus hijos, Rubén y Romina Gómez Vidal, con las hijas de Hurtado.

“Manifiesto que, siendo profesionales jóvenes, e incluso habiéndose desempeñado mi hija en el ámbito del modelaje, cuentan en su ámbito social con varios influencers o personalidades de redes sociales propios de su edad. Esto no puede ser motivo para pretender vincular maliciosamente dichas relaciones sociales de mis hijos mayores de edad con mis funciones”, señaló.

Según Beto A Saber, la magistrada y Hurtado han coincidido en múltiples viajes al extranjero, sobre todo en Panamá. Sin embargo, La Rosa explicó que fueron por razones estrictamente personales. “Por temas de vinculación con la familia política de mi hijo, cuya esposa es ciudadana americana, con familia residida enteramente en los Estados Unidos, dichos viajes fueron escalonados, haciendo escala en Panamá, hecho totalmente ajeno a mi voluntad”, apuntó.

Finalmente, expresó su “total rechazo a la ligereza con la cual se expresan pareceres u opiniones” que han afectado, según ella, a sus “35 años ininterrumpidos de intachable labor jurisdiccional, con 28 años dedicados a la magistratura”. Por lo cual, exhortó “al ejercicio responsable, objetivo y acreditado de la función periodística, con respeto a los derechos constitucionalmente protegidos”.

Hurtado anunció su retiro temporal de la televisión y, un día después, la Superintendencia Nacional de Migraciones emitió una alerta informativa a nivel nacional contra el conductor, así como la fiscal Elizabeth Peralta, el empresario Javier Miu Lei y el colaborador eficaz Iván Siucho. Panorama confirmó que se tramita una orden de impedimento de salida del país contra los implicados en un caso de lavado de activos a cargo del fiscal José Manuel Espinoza.

Según su registro migratorio, la figura televisiva estuvo en México el último 8 de agosto, y anteriormente ingresó a Argentina, EE.UU., España y Colombia. La semana pasada, la médica Ana Siucho lo había acusado de solicitar un soborno de un millón de dólares a cambio de gestionar con la fiscal Peralta, especializada en delitos de lavado de activos, la devolución de 100 kilos de oro incautado. Según ese testimonio, Javier Miu Lei, primo suyo y gerente de mineras, pidió la intervención del conductor, ya que ”se jactaba” de su cercanía con funcionarios del Estado.

Hurtado lo habría apodado ‘Chifa’. “Utilizó a mis hermanos como intermediarios entre él y el ‘Chifa’. (…) Incluso mi primo, además del proceso de lavado de activos, tenía una fuerte carga incautada de oro. Pueden ser más o menos 100 kilos. Oh, sorpresa, en el 2022 le devolvieron la carga. (De por medio) hubo aproximadamente un millón de dólares. Andrés pidió en dos partes”, señaló.

Actualmente, la familia Siucho enfrenta un proceso por lavado de activos. Iván es colaborador del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder (EFICCOP) en el caso abierto por tráfico de influencias contra Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado. Y la fiscal Peralta ha sido vinculada con integrantes de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto”, una red mafiosa de jueces y fiscales que traficaban sentencias a cambio de favores políticos o dinero.