Andalucía critica que Gobierno impida dar más fondos al plan de centros de día porque "requiere mucho trabajo con la UE"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha criticado este jueves que el Gobierno haya rechazado su petición para “redirigir” fondos con los que “meterle más millones de euros” al plan destinado a mejorar la red asistencial de centros de día y de personas con discapacidad, dotado con 134 millones de euros, porque “eso requiere mucho trabajo con la Unión Europea”.

Así lo ha trasladado durante su intervención en el Pleno del Parlamento de Andalucía, donde ha desvelado que hace algunas semanas trasladó una petición al Ministerio de Derechos Sociales con el objetivo de articular un mecanismo que le permita engrosar dicho plan con más fondos, ante lo que ha obtenido, también por vía epistolar, una negativa por respuesta.

En este sentido, al parlamentario andaluz socialista Mateo Hernando, quien se ha interesado por las aportaciones del Gobierno andaluz para reedificar una residencia de la tercera edad en Sorbas (Almería), le ha afeado sus críticas sobre que la Junta no haya “puesto nada” para resolver la situación de esta residencia o no haya previsto una “solución extraordinaria dentro del marco legal” tras dos años con esta situación.

López ha incidido que no es posible dar una “subvención excepcional” para este tipo de casos y ha aludido a las ayudas de este tipo otorgadas por el Gobierno central a varios ayuntamientos de Huelva “para otros temas” que después “ha tumbado el Tribunal Supremo”, lo que ha hecho que ahora estén sumido en un “auténtico caos”.

Asimismo, ha recalcado el esfuerzo realizado para poder disponer de los 134 millones de euros destinados a la mejora de la red de residencias, que obligó a “reorganizar todo el sistema” para que los fondos fueran gestionados a través de los ayuntamientos y las entidades, de cara a que los recursos fuesen “donde están las personas y donde está la necesidad”.

Además, según ha añadido, en el caso concreto de la residencia de Sorbas, la consejera ha apuntado que este mismo miércoles se firmó un acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Almería para efectuar obras de reconstrucción de la residencia, que se vio afectada por un movimiento de tierras que obligó al realojo de sus 40 usuarios en otros centros cercanos y a declarar un ERTE para sus trabajadores.

“Yo me he reunido muchas veces con el alcalde, con el alcalde anterior y ese alcalde, porque la residencia no es de titularidad de la Junta, la residencia es de titularidad municipal, y se han fajado y han trabajado mucho por esa residencia”, ha destacado López, para quien este problema por fin “se ha resuelto”. “¿Qué le fastidia a usted? ¿Que la pregunta la tuviera escrita hace una semana y ayer llegara esa solución? Eso es lo que le fastidia a usted”, le ha recriminado al diputado autonómico del PSOE.

Frente a ello, Hernández ha asegurado que el Gobierno andaluz cuenta con “mecanismos legales” para responder a la “catástrofe” que se vivió en esta residencia. “Su consejería miente, actúe y dedique los fondos”, le ha urgido el representante del PSOE, para quien la financiación pactada entre la Diputación y el Ayuntamiento de 1,5 millones de euros no va a ser suficiente para edificar la residencia que se vio derruida por un “fenómeno meteorológico extremo”.

“Solamente se les ha invitado a participar en la ayuda de convocatoria que, recientemente, se ha resuelto y en la que se han quedado fuera por falta de recursos”, ha dicho Hernández, quien ha recordado que dicho plan está financiado “totalmente con los fondos europeos de recuperación” sin que la Junta haya “puesto nada”.

Hernández ha dado cuenta de las “peticiones de auxilio” formuladas por los empleados de la residencia, quienes han registrado cerca de mil firmas “pidiéndole que actuara de una vez por todas”. “No han hecho nada, y no ha sido por falta de recursos, porque los dos primeros años de esta legislatura han dejado de ejecutar 10.000 millones de euros”, ha criticado el parlamentario, para quien la esta actuación precisa de unos tres millones de euros aproximadamente para conseguir que su puesta en funcionamiento.