El pasado 17 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló la orden de arresto contra Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos.
La noticia llegó a los oídos del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien, tras ser cuestionado al respecto por la prensa, insinuó estar inconforme con la resolución del Poder Judicial. Esto, pese a subrayar que la decisión “debe ser respetada”, ya que, recordó, la Suprema Corte es la única autoridad competente en esta parte del caso.
“Es una decisión del Poder Judicial. Hay cosas que a mí no me parecen, como seguramente a muchos otros, pero tenemos que respetar la decisión del Poder Judicial”.
Cabe señalar que la Corte no pudo ejercer atracción penal del caso, porque el Congreso de Tamaulipas no quiso homologar el desafuero que la Cámara de Diputados había aprobado el pasado 30 de abril de 2021. De esa manera, se sentó el precedente sobre la autonomía de las entidades.
La polémica que envuelve al también militante del Partido Acción Nacional (PAN) se originó por una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) – entonces presidida por Santiago Nieto -, la cual detectó simulación en la compra-venta de un lujoso departamento mediante presuntos actos de lavado de dinero.
Esto, derivó en que la Cámara de San Lázaro aprobara el desafuero del gobernador, de tal modo que pudiera ser procesado por el posible delito de defraudación fiscal por un monto de 6.5 millones de pesos. En tanto, la Fiscalía General solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca por su probable culpabilidad en actos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Fue así que – tras 15 meses después y tres veces pospuesta – el miércoles pasado los ministros aprobaron por unanimidad el decreto al argumentar que los derechos del blanquiazul fueron violados porque estaban en curso las controversias constitucionales donde se debía resolver el tema de su inmunidad.
Sin embargo, el juez Octavo de Distrito en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, subrayó que la reciente decisión no favorece la inmunidad del tamaulipeco. Un dato que Andrés Manuel no dudo en recordar durante su conferencia matutina:
“La SCJN resuelve que no, dándole la razón al Poder Legislativo sólo en el caso de la orden de aprehensión. (…) Eso no significa impunidad. Al menos eso es lo que yo entiendo”, declaró este 18 de agosto desde Palacio Nacional.
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