AM2- Guilarte avisa a Sánchez: "No es admisible" cambiar la elección de los jueces del TS para que el Gobierno influya

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, celebra que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, vea necesario cambiar el modelo de elección de los magistrados del Tribunal Supremo, pero pide que aclare su propuesta y avisa de que los nombramientos “deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional” y que “no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno”.

Según ha informado este jueves el CGPJ, Guilarte ha remitido esta mañana a las presidencias del Congreso y el Senado su propuesta “actualizada” de modificación del sistema de nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo y de cargos gubernativos del Poder Judicial y de designación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.

El presidente interino explica que presenta este nuevo escrito ante las “no pocas sugerencias” que ha recibido. Y aprovecha para hacer mención al mensaje que ayer miércoles efectuó el jefe del Ejecutivo, quien aseguró que quitaría al CGPJ la facultad de nombrar a los magistrados del Supremo si el PP no pacta la renovación antes de que termine este mes de junio.

Guilarte asegura que el mensaje de Sánchez “abre la puerta a la esperanza”. “Quiero creer que asume la idea de que el problema radica en la fórmula de elección de los altos cargos judiciales, hoy ontológicamente viciada de discrecionalidad”, señala, al tiempo que celebra que apunte a la necesidad de someter dicho proceso de elección “a los principios de mérito y capacidad”.

“En todo caso, para disipar una relativa ambigüedad, es imprescindible aclarar que los nombramientos, bajo la fórmula que apunto, deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional”, defiende. Y añade que: “No es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno, sea directamente o se enmascare a través de organismo o comisión interpuesta”.

EVITAR OPCIONES “ATERRADORAS”

En este sentido, el presidente del órgano de gobierno de los jueces defiende que “no tiene sentido alguno volver a épocas pasadas si bien con distintos protagonistas”, en referencia al periodo en el que el Ministerio de Justicia estaba a cargo de los nombramientos.

Y sostiene que “ante las dudas que pueden suscitar las palabras del presidente es imprescindible aclarar este extremo”. A su juicio, “la amenazante alternativa esbozada resultaría aterradora y directamente encaminada a evitar cualquier acuerdo”.

Con todo, Guilarte asegura que han sido las palabras de Sánchez las que le han incentivado a “seguir profundizando” en sus apuntes y enviar una actualización de su propuesta a las Cortes. “Esta vez, último de mis intentos, espero, al menos, se acuse recibo”, ruega.

NOMBRAMIENTOS DEL SUPREMO

El presidente interino insiste en que es “imprescindible no tanto sustraer competencias al CGPJ” como “dar más protagonismo a la carrera judicial allí donde resulta lógico que lo tenga, es decir, en lo que afecta al ejercicio de las tareas gubernativas”.

Para los nombramientos en el Supremo, Guilarte propone que sus magistrados sean “nombrados por una comisión cualificada, mayoritariamente compuesta por vocales y por magistrados” del propio tribunal, presidida por un vocal [del CGPJ] magistrado del Supremo, si lo hay, o por un especialista en la materia con nivel de cualificación similar a la de magistrado del TS, en caso contrario.

La comisión estaría formada por “cinco miembros de un nivel de cualificación parangonable con la plaza que se saca a concurso” y los vocales del CGPJ solo formarían parte de la misma si reúnen “la específica capacitación para valorar los méritos de los candidatos”.

Según explica, el número de vocales nunca podría ser más de tres, y el resto de miembros serían magistrados del Supremo que se elegiría “por sorteo y turno rotatorio”. Los otros dos miembros de estas Comisiones, a desarrollar reglamentariamente, serían profesionales cualificados en función de la Sala afectada.

Con todo, insiste en que con estas medidas “se integra plenamente, incluso en mayor medida que con el actual sistema, la finalidad constitucional de evitar que sea ‘el Gobierno’ el que pueda decidir o incluso influir en los nombramientos y ascensos de los miembros de la carrera judicial”.

Además, defiende que es “importante” y “decisivo” que “el ingente número de nombramientos pendientes” –en el Supremo ya son 25 las vacantes– deban efectuarse “conforme al nuevo sistema o cualquier otro que se fundamente en los principios de mérito y capacidad objetivamente valorados”.

NOMBRAMIENTOS EN TSJ Y AUDIENCIAS PROVINCIALES

Respecto a la elección de cargos gubernativos, Guilarte señala que su propuesta afectaría también a la Presidencia de la Audiencia Nacional, de Audiencias Provinciales, de los TSJ y de las Salas de los TSJ.

“Los electores deberían ser todos los miembros de la carrera judicial del territorio respectivo, es decir, aquellos sobre los que el Tribunal, Audiencia o Sala tenga competencias gubernativas”, apunta.

Asimismo, plantea que los candidatos tengan que presentar un programa de actuación para mejorar el órgano al que se presentan. “Reglamentariamente, podrán determinarse exigencias adicionales de antigüedad, en su caso vinculación con el territorio, etc.”, añade.

Precisa, además, que el CGPJ se reservaría la competencia para convocar y organizar el proceso electoral y garantizar su correcto funcionamiento, así como acordar el nombramiento y ratificación del candidato propuesto tras la previa comprobación de integrar las exigencias reglamentarias.

Agrega ahora a su propuesta que las presidencias de Audiencias Provinciales y de sus Salas roten cada dos años. “Una última alternativa, variante de la anterior, igualmente objetiva, radicaría en seguir criterios de antigüedad y no tanto rotarios para proceder a las designaciones contempladas”, señala.

RENOVACIÓN DEL CGPJ

Por último, Guilarte reitera sus propuestas para renovar el CGPJ: dar continuidad a la elección parlamentaria de los vocales si los nombrados son ajenos “a toda contaminación política previa” o que el nombramiento de los vocales judiciales –12 de los 20– quede en manos de los propios jueces pero con la misma prevención.

Además, plantea que “con la finalidad de evitar el perfil ‘político’ de los designados” por el turno judicial “se podría valorar la introducción de causas de inelegibilidad tales como haber sido en los años anteriores miembros del Gobierno de la nación, del Gobierno de las comunidades autónomas” u otros cargos políticos como diputado o concejal.

También propone que la Comisión Permanente se reduzca a cinco miembros y que solo estos tengan “dedicación exclusiva” en el CGPJ. Además, sugiere que se establezca un turno rotatorio para que el nombramiento de dichos miembros no dependa del Pleno y de la Presidencia.

Como solución coyuntural, plantea “recurrir al sorteo entre los actuales candidatos judiciales vigentes –restan aún 39 de los 50–“.