El expresidente Alejandro Toledo, reclamado por la Justicia peruana por delitos de corrupción, seguirá en libertad bajo fianza hasta que se resuelva el recurso de apelación que interpuso hace semanas contra su extradición aprobada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El juez Thomas S. Hixson, de la corte federal del Distrito Norte de California, se pronunció este jueves a favor de la defensa del exmandatario, quien le había solicitado esperar a que el Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones resuelva dicho recurso.
Hixson decidió mantener la libertad de Toledo, aunque aseguró que si el Noveno Circuito determina que la extradición debe seguir adelante, ordenará que se entregue. Semanas atrás, el Gobierno estadounidense había pedido a este juez que el político ingresara en prisión preventiva, ya que al aprobarse su extradición podía aumentar el riesgo de fuga.
“Mi pensamiento tentativo es no tomar medidas sobre la moción del gobierno (para su detención) hasta que el noveno circuito se pronuncie sobre esto”, apuntó Hixson.
Tanto el propio Toledo, que compareció virtualmente, como su abogado, aseguraron que se entregará si pierden el recurso de apelación, mientras que los fiscales federales que intervinieron en este caso insistieron en pedir que fuera detenido.
En la audiencia también participaron las abogadas públicas Mara Goldman y Tamara Crepet, los fiscales federales Kyle Waldinger y Rebecca Haciski, así como el oficial de arresto domiciliarios Anthony Granados y Eliane Karp, exprimera dama.
La situación de salud de Toledo (76 años) ha sido otro de los argumentos esgrimidos por sus representantes legales durante todo el proceso, pues consideran que la resolución final “podría tardar meses”, por lo que “languidecería esperando en una celda”.
Este aspecto fue tenido en cuenta por el magistrado, quien explicó que ha decidido no encarcelar de momento al político, porque mientras sigue vivo el recurso no hay plazos marcados para la extradición.
Demanda contra Secretaría de Estado
Antes de que comenzara la vista de esta jornada, Toledo elevó una demanda contra la Secretaría de Estado, pero ahora ante una corte de Columbia (EE. UU.), por querer extraditarlo sin seguir el debido proceso y habiendo, supuestamente, violado la Quinta Enmienda de la Constitución.
El exmandatario es acusado de recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de favorecerla en sus negocios cuando aún era mandatario. En concreto, ha sido investigado por lavado de activos, colusión y tráfico de influencias por contratos concedidos a Odebrecht para la construcción de la Ruta Interoceánica entre Brasil y Perú.
El exmandatario fue detenido en 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años, y estuvo 8 meses en prisión por riesgo de fuga, aunque pudo salir de la cárcel al serle concedida la libertad bajo fianza por la pandemia.
En septiembre pasado, la Justicia de EE. UU. aprobó su extradición a Perú, al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida, aunque la decisión final quedó en manos del Departamento de Estado, que concedió la extradición el pasado 23 de febrero.
En el capítulo peruano del “Caso Odebrecht”, el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, también estuvieron implicados los expresidentes Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), así como la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori.
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