El primer ministro Alberto Otárola anunció este sábado que el Gobierno de Dina Boluarte prepara más cambios en la Procuraduría general del Estado en los próximos días a pesar de la ola de renuncias y cuestionamientos que existen contra su titular, Javier Pacheco, quien afronta una investigación por presuntos actos de corrupción.
“Vamos hacer una reforma en la institución, pero también respetaremos su independencia de acuerdo a las normas que existen”, indicó Otárola a RPP Noticias. El titular de la PCM mostró su respaldo a las controversiales medidas que el procurador Pacheco ha tomado hasta el momento como la desactivación de la unidad que tenía casos como el suyo y Boluarte por las muertes en las protestas sociales de hace un año.
“La Procuraduría se ha encargado a un funcionario (Javier Pacheco) para que haga un proceso de reingenería. La desactivación aparente del grupo que investiga (la Unidad de Defensa Jurídica del Estado en casos seguidos contra altos funcionarios), es como ha dicho el ministro de Justicia que se están haciendo una serie de ajustes porque, inclusive, se habría encontrado contratos irregulares”, agregó.
No obstante, Alberto Otárola aprovechó también para mostrar el plan del Ejecutivo por manipular la institución dependiente del Minjus que tuvo un papel muy activo en las diligencias que la Fiscalía de la Nación realizó por la investigación que se le sigue a él y a la presidenta Boluarte por las más de 60 víctimas de las protestas antigubernamentales de diciembre del 2022 y enero de este año.
“La Procuraduría no es el Ministerio Público. A veces, cuando un ciudadano o investigado acude ante una citación se encuentra con dos fiscales: el fiscal y el procurador. La Procuraduría debe regresar a su esencia que es defender los intereses del Estado y no convertirse en un juez, fiscal o un enemigo más del ciudadano dentro del juicio. Eso no es razonable ni proporcional”, enfatizó.
El premier tampoco desaprovecho la ocasión para atacar a Daniel Soria, quien fue cesado de su cargo como procurador general del Estado. Al respecto, Otárola recordó que un informe de la Contraloría general de la República evidenció irregularidades en el nombramiento de Soria, a quien acusó de comportarse como “un fiscal más y no un procurador” cuando fue interrogado en el Ministerio Público.
Procurador a la medida
Desde que Javier Pacheco fuese designado el 16 de diciembre como interino en la Procuraduría general del Estado, las críticas no han cesado. Inicialmente, se cuestionó que tenía un proceso disciplinario por aparentemente beneficiar a Katia Portugal Zevallos, quien obtuvo órdenes de servicio por S/ 35 mil en el 2022 cuando estaba al mando de la Procuraduría anticorrupción.
Precisamente, una de las primeras medidas de Pacheco como procurador general fue solicitar las renuncias a Jorge Pasco Loayza y Roxana Paz Cárdenas, de la Oficina de Control Funcional, oficina que se encarga de llevar a cabo los procesos disciplinarios contra procuradores.
Infobae Perú pudo conocer que Pacheco tomó esta determinación porque tuvo conocimiento que la Unidad de Instrucción de la Oficina de Control Funcional le notificó el 13 de diciembre el inicio de un procedimiento disciplinario por permitir la contratación de Katia Portugal pese a que no cumplía con los requisitos establecidos en los términos de referencia como era contar con un profesional en derecho y la beneficiada solo contaba con un bachiller en Ciencias Administrativas.
En la resolución que inicia el procedimiento disciplinario contra Javier Pacheco, se establece que la sanción, en caso de comprobarse el incumplimiento, sería suspensión sin goce de haber de entre 11 y 30 días, o cese temporal de entre 31 días y 6 meses.
La Unidad de Instrucción le dio un plazo de 10 días a Pacheco para que formule sus descargos. Dicho plazo venció ayer.
De otro lado, la llegada de Javier Pacheco a la Procuraduría provocó que varios funcionarios de carrera presentarán sus renuncias. Al menos ocho se fueron de la institución:
- Omar Kadafi Jesús Rojas Silva, jefe de la UFDJE en casos seguidos contra Altos funcionarios
- Jorge Pasco Loayza, jefe de la Oficina de Control Funcional
- Roxana Yanett Paz Cárdenas, jefa de la Unidad de Evaluación, Supervisión, Control y Fiscalización de la Oficina de Control Funcional
- Zenaida Calderón Anticona, directora de la Dirección de Valoración y Pericias
- Saúl Enrique Alfonso Ampuero Godo, director de la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal
- Patricia Carolina Rosa Garcés Peralta, directora del Centro de Formación y Capacitación
- Napoleón Fernández, jefe de la Oficina Jurídica
- Luis Tapia Soriano, director de Información y Registro
Lo más reciente de Javier Pacheco es que vulneró el artículo 7 del Reglamento de la Procuraduría General del Estado, que establece, entre otros, que están impedidos de ser miembros del Consejo Directivo de la PGE “los/las procuradores/as públicos/as, los/las procuradores/as públicos/as adjuntos/as y los/las abogados/as vinculados/as al Sistema”.
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