La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) pidió este miércoles a la comunidad internacional que fije sus ojos en Perú por incumplir una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y permitir la excarcelación de Alberto Fujimori.
En un pronunciamiento divulgado minutos después de que el exdictador dejara la prisión de Barbadillo, HRW indicó que la puesta en libertad “implicaría un grave desconocimiento de las obligaciones internacionales del país”, pues el Gobierno debe actuar “dentro del marco del sistema interamericano”.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas del organismo, remarcó de igual modo que esta decisión contraviene el fallo del tribunal regional, que todavía no se ha pronunciado al respecto, aunque antes emitió una resolución de medidas urgentes en la que requirió al Estado peruano abstenerse de liberar a Fujimori para garantizar justicia a las víctimas de su régimen.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una de las organizaciones que representa a los deudos de La Cantuta y Barrios Altos, los casos por los que el autócrata fue condenado, dijo a EFE que aguarda la activación de “mecanismos jurídico-políticos” para que la Corte IDH informe del “desacato” a la Organización de Estados Americanos (OEA).
El Tribunal Constitucional (TC) ordenó este martes la libertad inmediata de Fujimori, en restitución del indulto que le otorgó el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski la Nochebuena de 2017, una gracia que sería anulada por la Corte Suprema de Justicia en 2018, para luego ser restituida en marzo del 2022 por el TC, aunque entonces la Corte IDH invocó al Perú que “se abstenga” de ejecutarla hasta revisar el recurso de las víctimas.
Por la tarde, reunida con el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, y ministro de Justicia, Eduardo Arana, la presidenta Dina Boluarte decidió acatar el fallo del supremo intérprete de la Constitución, que dejaba libre al octogenario, pese a que no ha pedido disculpas ni ha reparado a los familiares de las víctimas. El pronunciamiento oficial del Ejecutivo llegó por la noche, cuando Fujimori ya se encontraba en su casa, a través de Arana, y el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea.
“Es obligación […] cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales”, replicó el titular de Justicia, mientras que el canciller añadió que la decisión “de ningún modo desconoce las obligaciones que se derivan de los tratados internacionales y del sistema interamericano”.
“Para tal virtud, ratificamos la firme adhesión del gobierno del Perú a la convención americana de los derechos humanos que garantiza la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad”, matizó.
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