La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) alertó este martes que al menos 940 personas se encuentran confinadas en zonas rurales del municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, por enfrentamientos e incursiones armadas de grupos armados ilegales.
A través de un comunicado, Ocha detalló que entre noviembre de 2021 y enero de 2022 se han presentado varios hechos de violencia contra la población, que habita esta región en el Pacífico colombiano, como restricciones a la movilidad y amenazas, que han generado emergencias humanitarias por confinamiento y desplazamiento masivo, especialmente de familias afrodescendientes e indígenas.
“Se requiere la socialización e implementación de medidas de prevención y protección para la comunidad y sus líderes; el acompañamiento para impulsar una Mesa Técnica que haga seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares y colectivas de protección para los Consejos Comunitarios; respuesta en prevención y atención por riesgos de reclutamiento forzado, utilización y vinculación de niños, niñas y adolescentes con relación a la violencia armada”, señaló el informe de la oficina de la ONU.
Asimismo, indicó que se necesita el apoyo a las iniciativas locales con el propósito de abrir espacios de diálogo con las estructuras criminales, con el propósito de repercutir en las protección y promoción de los derechos humanos, que han sido violados durante estas incursiones, y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
De igual manera, solicitó kits de alimento para 175 familias que se encuentran confinadas en el Consejo Comunitario de La Comunidad Negra de la cuenca baja del río Calima (en las veredas San Isidro y Trojita), de Buenaventura, considerado el puerto más importante de Colombia sobre el Pacífico, debido a que estos habitantes no cuentan con comida, ni posibilidad de hacer actividades tradicionales como la pesca o caza, ni a sus actividades económicas.
“Se ha identificado un vacío en la activación del Plan Integral de Prevención y Protección para hacer presencia en los territorios con afectación por la presencia de grupos armados ilegales por las condiciones de seguridad inadecuadas que se presentan, así como un vacío en la activación del plan ruta de contingencia al existir un evento de amenaza contra la vida de personas del Consejo, especialmente contra lideres sociales y defensores de DD.HH”, señaló Ocha.
De igual forma, la oficina indicó que se requiere brindar apoyo psicosocial a los miembros de la comunidad, debido al permanente terror que padecen las familias por las presencia de los grupos armados ilegales, y atención de salud con enfoque étnico, así como kits escolares para los menores que hacen presencia en esta zona y que han visto imposibilitada su asistencia a las aulas de clase.
Ocha indicó que esta situación humanitaria se presenta desde noviembre de 2021, cuando un grupo armado ilegal incursionó en las veredas San Isidro y la Trojita, confinando a 940 ciudadanos, situación que se empeoró en enero de 2022 cuando un Grupo Armado Organizado impuso restricción de la movilidad de la vereda La Colonia, en la que permanecen al menos 2.100 personas afectadas por los códigos de conducta, como retaliación a la incursión del otro grupo en la zona.
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