Aforismos en mortalidad materna, abortos y cesáreas

La mortalidad materna se está reduciendo en prácticamente todo el mundo, pero Argentina no la redujo en las últimas tres décadas, con una tasa que es seis veces superior a la países desarrollados. Sus causas dependen en un 80% de los casos de complicaciones directas del embarazo, el parto o el puerperio, o de enfermedades previas, fundamentalmente cardiorrespiratorias. El 20% restante se relaciona con el aborto y particularmente con el provocado (no espontáneo).

La legalización del aborto en Argentina reduciría como mucho en un 20% la mortalidad materna, lo que debería inducir la atención para reducir o evitar el otro 80 por ciento.

Cuba es un excelente ejemplo de los límites de la legalización del aborto para reducir la mortalidad materna, porque, pese a excelentes logros en otros indicadores, su tasa de mortalidad materna es similar a la de Argentina, aunque legalizó completamente la interrupción voluntaria del embarazo a partir de 1965.

Una amplia mayoría de las muertes maternas son evitables con control adecuado del embarazo o mejor atención del parto, algo sencillo de lograr en el país con medidas básicas de atención y de administración de los servicios de salud.

De poco valdría legalizar el aborto como un proyecto que se agote en sí mismo, sin consenso, si se observa cómo no se cumple o se limita el aborto no punible amparado por el Código Penal, hasta el punto de que su aplicación en un caso requirió un fallo de la Corte.

Hay proyectos de interrupción voluntaria del embarazo, y particularmente el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que no incluyen medidas efectivas que eliminen o al menos reduzcan sus determinaciones sociales (educativas, laborales, económicas, habitacionales, entre otras), de manera que no previenen la reiteración de embarazos no deseados.

Aunque se elogia unánimemente a Uruguay como un referente regional en la materia, los proyectos de Argentina adoptaron muy poco sus articulados y el proyecto de la Campaña Nacional, que es el que tiene más firmantes, no adoptó ninguno.

Las políticas de salud sexual y reproductiva, y los proyectos de legalización del aborto, se fundan casi solamente en principios antinatalistas, de manera que no contemplan principios natalistas acordes con el derecho equivalente de los padres a tener una progenie numerosa, a la situación social que lo permita y a políticas de crecimiento demográfico por parte de un país vastamente despoblado.

Las propuestas de legalización del aborto no revelan su cercanía con políticas antinatalistas impulsadas por países centrales y organizaciones trasnacionales como la Federación Internacional de Planificación Familiar para el Tercer Mundo, a fin de controlarles sus economías y ocupación soberana territorial, a la par de denuncias contra dicha federación por el uso prohibido de los fetos abortados y de sus órganos.

La criminalización del aborto que hoy es punible tampoco propone medidas para evitar embarazos indeseados ni para enfrentar sus causas profundas, su desarrollo y sus consecuencias.

La fertilización asistida logró y la legalización del aborto intenta la sanción de una ley con una agilización que no se reclama con igual énfasis para actualizaciones legales y culturales profundamente relacionadas con ellas, como la ley 24779 y demás normas de adopción.

El impulso para leyes que obligan a dar mayores servicios (fertilización asistida, y ahora interrupción voluntaria del aborto) no propone un desarrollo del sector público, de manera que se alientan desde el Estado nuevos nichos de mercado privado, cuyo último garante es el propio Estado mientras sus servicios propios son desfallecientes.

El principio de propiedad privada del cuerpo por la embarazada se contradice con legislaciones que prohíben esa propiedad para la donación de órganos vitales por parte de donantes vivos, el suicidio y la eutanasia activa y pasiva.

Una mayoría de proyectos por la despenalización del aborto no compatibiliza con tratados internacionales ni preceptos constitucionales nacionales y provinciales, con el riesgo de conducir a un sinfín de controversias jurídicas lejanas de una sociedad lúcida, en paz y organizada.

El derecho del niño por nacer y el de la embarazada por abortar se oponen en distintos proyectos, cuando en muchos casos son falsas opciones si se define una política social que prevenga el embarazo indeseado y sus consecuencias.

La subordinación legal completa de la continuidad de un embarazo a la voluntad de la mujer luego de relaciones consentidas desestima que es producto de dos personas comprometidas en una decisión común. Alienta así una alteración profunda de la relación de pareja, tanto en los abortos no acordados como en la continuidad del embarazo que rompa un acuerdo previo para interrumpirlo legalmente.

En casos de violación, la eximición de la denuncia a cambio de una declaración jurada deja al violador impune y expone a la embarazada al riesgo de seguir conviviendo con él, ya que la mayoría de la las violaciones ocurren en el medio familiar o vecinal.

No es cierta la inocuidad de drogas abortivas como el misoprostol y la mefipristona fuera del control profesional, porque sin este peligrará la vida de la embarazada, por ejemplo si el embarazo es ectópico, o aumentará la frecuencia del síndrome de Moebius y otras dolencias en el niño si esas drogas no interrumpen efectivamente el embarazo.

Si se autoriza el consumo de fármacos para la interrupción voluntaria del embarazo, debería complementarse con la producción pública de esos medicamentos dados sus precios monopólicos por el laboratorio Beta, único expendedor de un medicamento que contiene misoprostol a un precio superior a los tres mil pesos por envase.

Se desconoce la frecuencia de muertes maternas por cesáreas incorrectamente indicadas, pero se puede estimar que su proporción en la mortalidad materna sería similar a la del aborto provocado, con la diferencia de que esas cesáreas son responsabilidad directa del sistema de salud, por lo que el reclamo por la legalización del aborto implica un trato desigual frente al muy alto porcentaje de cesáreas que afecta profundamente los derechos humanos y es causa de muertes aún más evitables.

La objeción de conciencia por parte de personal de salud no se contempla en varios proyectos para la interrupción voluntaria del embarazo, y algunos la cancelan si no hay otro personal para realizarla, como si el derecho al aborto fuera superior al de objetarlo.

El reclamo para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo puede trabajarse con el horizonte de un desarrollo humano integral o en el de un reduccionismo capaz de instalar un parche que disimulará y por tanto hará más tolerable la falta de ese desarrollo.

El autor es médico, fue profesor titular de Salud Pública (UBA). Coordinador de Investigaciones de Salud en el Instituto para Estudios de Estado y Participación (IDEP).

FUENTE: INFOBAE NOTICIAS