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Por Fabián Andrés Cambero
SANTIAGO, 18 ene (Reuters) – Un comité de ministros del presidente chileno Gabriel Boric rechazó el miércoles el permiso ambiental para el proyecto minero de cobre y hierro Dominga, tras años de controversias porque estaría emplazado cerca de reservas ecológicas marinas en el norte del país, informó la ministra de Medio Ambiente.
La decisión fue adoptada de manera unánime por los integrantes del panel de gobierno, una instancia política que revisó el proyecto después de que se agotaron los pasos judiciales.
“Tuvimos a la vista los informes técnicos y en base a eso se acogieron doce reclamaciones y se rechaza el proyecto minero portuario”, dijo la ministra Maisa Rojas.
“La evaluación se hizo en base a múltiples aspectos que tenían que ser evaluados. Estamos seguros de que aquí se tomó una decisión robusta”, añadió.
En mayo de 2022 la Corte Suprema había rechazado acoger demandas de comunidades y ambientalistas contra el proyecto, una última instancia judicial antes de que fuera revisado por el comité gubernamental. La iniciativa comenzó a ser evaluada a través de distintas etapas hace una década.
En su primer discurso como presidente electo, Boric manifestó abiertamente su oposición a la iniciativa minera de 2.500 millones de dólares, que buscaba producir anualmente 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre.
El comité -integrado por los ministros de Minería, Agricultura, Energía, Economía, Salud y presidido por la cartera de Medio Ambiente- no forma parte del servicio de evaluación ambiental chileno pero tiene potestad para conocer y revisar resoluciones ambientales, entre otras facultades.
Andes Iron, dueña del proyecto, no respondió de inmediato a consultas de Reuters.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, desestimó que la decisión sobre este proyecto en particular afecte el ambiente de inversiones extranjeras en el país sudamericano, el mayor productor global de cobre.
Los opositores al proyecto alegan que Dominga, que se ubicaría 60 kilómetros al norte de la ciudad de La Serena, causaría un grave daño ambiental en la región. Pero sus defensores dicen que proporcionaría fuentes de trabajo y desarrollo local.
En 2017, la misma instancia de ministros ya había rechazado el proyecto, que volvió a los canales judiciales y de evaluación ambiental para ser revisado.
(Reporte de Fabián Andrés Cambero, escrito por Natalia Ramos)
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