“¿Acaso no vieron al joven atacado con perdigones en la espalda?”: expertos rechazan que autoridades nieguen violaciones a derechos humanos en protestas

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante las manifestaciones sociales en contra de la crisis política en medio del gobierno de Dina Boluarte, en Juliaca y Ayacucho se registraron graves casos de violación a los derechos humanos perpetrados por agentes del Estado. La Comisión también identificó un profundo sesgo racista y discriminador de parte de las autoridades. Pese a la gravedad de las denuncias de la organización internacional, los políticos peruanos han optado por minimizar estos hechos y solicitar la salida del Estado peruano de la CIDH.

Rosalino Flores recibió 30 perdigones en el cuerpo. El joven se encontraba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Arzobispo Loayza. Sin embargo, luego de dos meses de luchar por su vida, falleció el martes 21 de marzo. Al igual que el joven de apenas 22 años, otros 66 personas murieron durante las protestas sociales en contra de la crisis política y el gobierno de Dina Boluarte.

Las acusaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza de parte de las autoridades eran constantes. Los altos niveles de violencia acabaron injustamente con la vida de ciudadanos que ni siquiera participaban de estas marchas. Mientras que, por otro lado, cientos de peruanos eran discriminados por los operadores de justicia, quienes los calificaban de “terrucos” para minimizar sus demandas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recogió estos lamentables hechos en el informe Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales. Aunque las denuncias que conforman este documento son extremadamente preocupantes, algunas autoridades peruanas solo se han enfocado en negar y restar importancia al reporte.

“El informe de la CIDH es una consigna ideológica llena de arengas inútiles y falsas”, escribió en su cuenta de Twitter el congresista Alejandro Cavero, de la bancada de Avanza País. El derechista afirmó que “no hay que darle mayor importancia” al documento desarrollado por el organismo que visibiliza una serie de denuncias de actos violentos que vivieron miles de peruanos en medio de las protestas.

Sin embargo, él no fue el único parlamentario que minimizó las acusaciones hechas por la Comisión en contra del Estado peruano. Jorge Montoya, de Renovación Popular, también escribió sus descargos ante los casos difundidos por la CIDH y enfatizó que “es esencial debatir la necesidad de que el Perú se retire de la institución. La falta de objetividad y parcialidad en sus conclusiones nos lleva a cuestionar su validez y compromiso con los derechos humanos”.

De igual manera —y como era de esperarse— la presidenta de la República, Dina Boluarte, negó que durante su gestión se hayan realizado algún tipo de acto que vulnere los derechos de los ciudadanos. “Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aún cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas”, precisó en una conferencia de prensa.

“Minimizar los hechos”

Ayacucho fue la región que más muertes registró en solo un día de protesta. En menos de 24 horas se identificaron 9 muertes en el contexto de las manifestaciones. La mayoría de las personas que perdieron la vida fueron impactados por perdigones. Para la abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), es inconcebible que este departamento vuelva a sufrir una “masacre”, como detalló la CIDH, después de haber padecido tanta violencia en el período de terrorismo en Perú.

“No puede ser que volvamos después de años a vivir lo mismo. Ayacucho padeció una época de violencia y cuando el Estado quiso responder hubieron ejecutados, torturados y demás. No es posible que volvamos a ver lo mismo, en el mismo lugar, y que tengamos una respuesta similar”, precisó a Infobae.

La letrada se pronunció sobre las declaraciones del sector político que desconoce los hechos de violencia desencadenados en las movilizaciones sociales. Cano refirió que estas actitudes pretenden desvalorizar las denuncias presentadas por las víctimas y deudos.

“Con este discurso se tiene la intención de minimizar los efectos del informe de la CIDH, pero también los hechos. Las autoridades siguen cayendo lo mismo. Es decir, siguen cayendo en que las vidas humanas perdidas durante el conflicto no importan. La vida de las personas en Ayacucho no les importa la vida de las personas. La vida de las personas en Andahuaylas no les importa. Eso tiene mucho que ver y ahonda más en lo que ha recibido en la propia Comisión de profundo racismo y división que atraviesa el país”, recalcó.

La especialista en materia legal cuestionó el desconocimiento de las autoridades sobre los casos de violación a derechos humanos y rechazó las declaraciones de políticos que niegan que en el país se registraron estos hechos. “Dicen que no puede ser violación a los derechos humanos, ¿cómo que no?, ¿no han visto los vídeos de lo que ocurrió en Ayacucho?, ¿no han visto los vídeos de Juliaca?, ¿no han visto los vídeos que hay en Andahuaylas que revela cómo atacaron a un muchacho en Cusco con perdigones en la espalda?”, sostuvo.

“Distorsión de la realidad”

Una serie de calificativos se han difundido en redes sociales y medios de comunicación en contra de la CIDH. Estas “críticas” provienen, en su mayoría, de políticos de derecha que rechazan el informe que refleja los casos de vulneración a los derechos humanos durante el régimen de Dina Boluarte.

Ronald Gamarra, abogado experto en derechos humanos, calificó de “duro, severo y necesario” el reporte elaborado por el organismo internacional. Los contundentes datos y testimonios que recogieron los miembros de la CIDH en el territorio peruano recibieron múltiples críticas que, para Gamarra, tuvieron el objetivo de alterar la realidad de las víctimas.

“Yo respeto de las críticas serias sobre el informe porque, como todo de uno o de una organización puede ser objeto de crítica, cuestionamientos y precisiones, pero una situación distinta es una andanada de mentiras transmitida. Son personas que no solo no han leído el informe, sino que inventan cosas sabiendo que no son ciertas y las difunde para distorsionar la realidad”, señaló a Infobae.

Según el defensor, estas actitudes evidencian un claro desconocimiento de las funciones de la Comisión y de quienes elaboran estos informes. “Nada de lo que se está criticando de ese sector constituye, en mi juicio, una actitud seria. Se dice que los comisionados son gente de extrema izquierda que responden al caviadismo internacional, desconociendo lo que es básico. Estos comisionados han sido propuestos y elegidos por los propios Estados incluido el Perú. Y que sus informes, en general, comprenden la realidad de muchos países”, aseguró.

El también exprocurador anticorrupción cuestionó el origen de estos calificativos hacia los integrantes de la CIDH y sostuvo que sus acciones muestran un rechazo hacia las organizaciones que buscan promover, garantizar y proteger los derechos humanos en las naciones.

“Son personas que no quieren el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, no quiere la Comisión, no quiere la Corte, no quiere nada de lo que hacen. No quieren a los derechos humanos”, dijo.

Por su parte, Gamarra se refirió al grupo de parlamentarios de derecha que se han pronunciado en más de una ocasión en contra del trabajo de la CIDH y resaltó que se trata de personas que no incluyen el discurso a favor de los derechos humanos como parte de un régimen democrático.

“Es un sector político muy conservador, retardatario, retrógrado, que no reconoce el discurso de los derechos humanos como un discurso central, como una de las bases de la democracia. Para ellos eso es un obstáculo que les impide realizar políticas hacia en contra de los ciudadanos. Es una postura ideológica, pero también es una política conservadora”, finalizó.