El sindicalista Omar “Caballo” Suárez fue absuelto este lunes por el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 en una causa que investigaba la presunta comisión de diversos delitos cuando estuvo al frente del Sindicato de Obreros Marítimos Unido (SOMU). Con la absolución, el Tribunal levantó todas las medidas de restricción que pesaban sobre Suárez, entre ellas el uso de una tobillera que controlaba sus movimientos.
Los jueces Néstor Costabel, Daniel Horacio Obligado y Gabriela López Iñiguez absolvieron a Súarez de los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta y entorpecimiento de la navegación. Solo hubo una disidencia en un caso en el que el voto del juez Costabel fue por la condena. También fueron absueltos el resto de los 15 acusados para los que el fiscal federal Juan García Elorrio había pedido condenado. La Fiscalía había reclamado una pena de seis años y ocho meses de prisión para Suárez.
A las 13:35 el juez Costabel comenzó a leer el veredicto. Fue por videoconferencia. Desde uno de los cuadrados del sistema Zoom Súarez escuchaba cómo el magistrado leía su absolución de cada cargo. Lo recibía con seriedad sin hacer gestos de festejo.
Con la absolución, el Tribunal también ordenó “en forma inmediata, el cese de las medidas coercitivas” que pesan sobre el sindicalista. Se trata de las medidas que los jueces habían tomado en diciembre de 2019 cuando le otorgaron la libertad: el uso de una tobillera con GPS para controlar sus movimientos y que no pueda alejarse de un radio de 100 kilómetros a la redonda de su lugar de residencia o ausentarse por más de 24 horas.
En esta causa, Suárez estuvo en prisión preventiva tres años. El sindicalista fue detenido en 2016 por orden del entonces juez federal Rodolfo Canicoba Corral tras una denuncia de Gladys González, interventora del SOMU durante el gobierno de Mauricio Macri. El juez federal Luis Rodríguez le otorgó a finales de diciembre de 2017 la prisión domiciliaria por problemas de salud. Pero esa decisión fue revocada dos semanas después y el sindicalista volvió a prisión. Un año después, en abril de 2019, volvió a obtener la prisión domiciliaria y a fines de ese año finalmente fue excarcelado por el TOF 4.
El sindicalista fue el secretario general del SOMU desde 1989 hasta abril de 2016 cuando fue detenido. Fue uno de los gremialistas más cercanos a la ex presidenta y actual vicepresidenta, Cristina Kirchner. Cuando fue liberado concurrió en una oportunidad a los tribunales de Comodoro Py con una remera que tenía la inscripción “Macri=Vidal. Mentiras=pobreza. Cristina 2019. Libertad a los presos políticos”.
El juicio comenzó en 2019 y en su alegato de marzo pasado, el fiscal García Elorrio lo acusó de una “deliberada y sistemática decisión de realizar un abuso de la estructura sindical que se extendió al ámbito de la mutual y de la obra social del SOMU, valiéndose de empresas vinculadas o controladas, tomando los recursos de los asociados o afiliados para la obtención de beneficios indebidos”.
Por unanimidad, los jueces del Tribunal rechazaron las acusasiones. Sobre la administración fraudulenta se basaron en una pericia contable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no arrojó resultados concluyentes sobre una defraudación intencionado en el gremio.
También entendieron que no había cometido el delito de asociación ilícita, coacciones agravadas y entorpecimiento de la navegación. Por el segundo delito el fiscal no había acusado y por el tercero se consideró prescripta. Solo hubo una disidencia respecto de un hecho de entorpecimiento de la navegación de la embarcación “Kota Lawa” que no recibió colaboración de marineros afiliados al SOMU para amarrar. Los jueces López Iñiguez y Obligado entendieron que no se creó una situación de peligro por lo que votaron por la absolución, mientras que en disidencia el juez Costabel consideró que sí y votó una por una condena.
Los jueces darán a conocer el próximo 25 de agosto los fundamentos de su decisión. Luego la Fiscalía podrá apelar para que el veredicto sea revisado por la Cámara Federal de Casación Penal.
También fueron absueltos el resto de los acusados sobre los que la Fiscalía había pedido condena: Juan Manuel Medina, Mario Morato, Carlos Ruiz, María del Carmen Cabrera Peña, Julio Cesar Carrera, Juan Hugo Baneki, Débora Andrea Medina, Carlos Alberto Tinant, Rigoberto Suárez Cardoso, Jorge Vargas, Alejandro Antonio Giorgi, Rubén Moreira, Adolfo Guillermo Vissan, Luis Clemente y Felipe Birghina.
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