Bruselas, 4 oct (EFE).- Un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó hoy que una cláusula contractual que obligue a un joven deportista a pagar a una empresa parte de su salario si pasa a profesional “puede ser abusiva” si se demuestra “un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones” del contrato.
Las conclusiones del abogado general, que no son vinculantes pero suelen orientar la decisión final del tribunal, se refiere al caso de un contrato celebrado entre un joven jugador de letón de baloncesto que, en 2009 y representado por sus padres porque era menor de edad, firmó un contrato con una empresa que debía asistirle en su carrera deportiva.
El mencionado contrato, con una duración de quince años, preveía toda una gama de servicios, como el entrenamiento bajo la supervisión de especialistas y servicios de medicina deportiva, de acompañamiento psicológico, de apoyo en materia de marketing, de asistencia jurídica y de contabilidad, recordó la corte con sede en Luxemburgo.
Como contraprestación, si pasaba a ser profesional, el joven deportista -al que la corte comunitaria no identifica- se comprometía a abonar a dicha empresa una retribución que ascendía al 10 % de todos los ingresos netos procedentes de la actividad deportiva, de la publicidad, del marketing y de la aparición en medios de comunicación relacionada con ese deporte, siempre que esos ingresos ascendieran a un importe de al menos 1.500 euros al mes.
El joven acabó convirtiéndose en profesional y percibió un total de más de 16 millones de euros de distintos clubes de baloncesto y, según el citado contrato, debía pagar más de 1,6 millones de euros a la empresa.
El caso llegó a los tribunales letones, que consideraron que la cláusula era abusiva, pero la empresa interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo de Letonia, que a su vez decidió solicitar aclaraciones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En su análisis publicado este viernes, el jurista comunitario Athanasios Rantos se inclina por las tesis de los tribunales letones, a la luz de la Directiva europea sobre protección de los consumidores frente a las cláusulas abusivas.
Ese marco legal está destinado a aplicarse “en todos los sectores de la actividad económica y, en general, a todo tipo de contratos de compraventa de bienes y de prestación de servicios celebrados entre un profesional y un consumidor”, recuerda el jurista.
“En el presente asunto, el joven deportista aún no había ‘consumidor’ y, objetivamente, se encontraba en una posición más débil que la empresa, tanto desde el punto de vista de los conocimientos técnicos como del de la capacidad de negociación”, indica el abogado general.
Sugiere al TJUE que indique a los tribunales letones que deben dictar sentencia que compruebe “si la cláusula contractual cumplía la exigencia de transparencia, es decir, si estaba redactada de manera clara y comprensible, de modo que el consumidor pudiera valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se derivaban para él de dicha cláusula”.
También deberían verificar “si la información comunicada por el profesional permitía al joven deportista adoptar su decisión con prudencia y, más concretamente, si podía estimar el valor de los servicios ofrecidos por la empresa en su conjunto en relación con la potencial retribución que debería abonar a esta”.
Recomienda también que se pida a la Justicia letona “comprobar si existe una relación entre el valor del servicio prestado por la empresa y la retribución que se exige al joven deportista”, teniendo en cuenta “el riesgo que implica, para la empresa, el hecho de no tener garantías de percibir ninguna retribución si el joven deportista no se convierte en profesional”.
Añade que esa remuneración “no sólo sirve para financiar los servicios prestados al joven deportista, sino también los prestados a todos los demás jóvenes deportistas que hayan celebrado contratos similares, incluidos aquellos que no hayan pasado a ser profesionales”. EFE
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