Como lo anunció el ente investigador, en esa audiencia el fiscal delegado Gabriel Jaimes solicitará formalmente que el caso sea archivado, debido a que no encontró vínculo entre los delitos de soborno a testigos y fraude procesal con el exmandatario.
Para Reinaldo Villalva, el abogado apoderado del senador Iván Cepeda, acreditado víctima en el proceso, esa acción es contraria a la ley y constituye un prevaricato por parte de la Fiscalía, por lo cual presentarán una denuncia penal.
“En nuestra opinión, la decisión de solicitar preclusión de la investigación con todo el acervo probatorio que la Corte Suprema de Justicia adelantó, para nosotros es una decisión abiertamente contraria a la ley, y daría lugar a presentar una denuncia penal”, señaló Villalba a Noticias Uno.
Desde el mes de febrero, cuando el fiscal Jaimes ordenó recopilar nuevamente las pruebas del proceso, tanto Cepeda como Villalba cuestionaron la acción del investigador y señalaron, en ese momento, que estaba buscando la preclusión y desvirtuar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia.
“La actividad de la Fiscalía está dirigida a la defensa del senador Uribe, quienes estamos reclamando verdad, imparcialidad, y la validez de lo actuado en la Corte Suprema de Justicia somos las víctimas que venimos actuando dentro del proceso”, aseguró Villalba a Noticias Uno.
El 3 de agosto de 2020, el expresidente Álvaro Uribe fue privado de la libertad por decisión de la Sala de Instrucción del alto tribunal, por medio de una decisión de más de 1.500 páginas. En ella se determinó que por los delitos investigados y las pruebas recaudadas, el entonces senador podría incidir en el desarrollo del proceso.
Tras su detención, Uribe renunció al Congreso de la República, por lo que el proceso judicial debió quedar en manos de la Fiscalía General de la Nación y no de la Corte donde inició a mediados del año 2014.
“Estamos haciendo la evaluación de todo lo que trabajó la Corte Suprema de Justicia para sacar de allí lo esencial para esa audiencia y haciendo un examen de lo que la Fiscalía general de la Nación ha realizado”, señaló Villalba al informativo.
Para el abogado de Cepeda y la víctima, el acervo probatorio recaudado por el alto tribunal es contundente y, con esas pruebas, “lo que exige es que se haga un escrito de acusación para entrar a la etapa de juicio, antes que pensar en una preclusión que es una decisión absolutamente temeraria”.
Las preguntas de las víctimas al fiscal Jaimes, que empezaron con 40 cuestionamientos desde que ordenó la nueva práctica de pruebas, ya suman más del centenar, según lo ha escrito el senador Iván Cepeda en su cuenta de Twitter.
Para el senador del Polo Democrático, la conclusión de la Corte Suprema de Justicia: “Las conductas punibles acreditadas en el presente asunto resultan pues imputables a título de dolo, e incluso de dolo eventual al proceder del senador Álvaro Uribe Vélez” en su decisión de detención, no coincide que con la solicitud de preclusión que hará la Fiscalía.
Miguel Ángel del Río, abogado del testigo Juan Guillermo Monsalve, explicó en el portal Los Danieles, que en caso de que la juez niegue la solicitud de preclusión, habrá un juicio “al revés” debido a que la Fiscalía se enfrentará a las víctimas y estará a favor del investigado.
El pasado 24 de marzo, la Fiscalía defendió la solicitud de preclusión que sustentarán próximamente, en la que se prevé que se presente una nueva evaluación de pruebas, como el computador que tenía el testigo Juan Guillermo Monsalve en su celda, que había sido descartada por la Corte.
Al respecto, el ente investigador señaló que los investigadores “han actuado con estricta sujeción a los principios y normas constitucionales y procesales que se erigen como garantía de los derechos fundamentales de los sujetos procesales. Entre ellos, el principio de autonomía e independencia, el principio de legalidad, el principio de publicidad y transparencia”. De igual forma, afirma que el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, no puede, por constitucionalidad, incidir en el resultado de la investigación.
Cepeda llegó, incluso, a demandar a Jaimes, alegando falta de garantías, pues buscó “favorecer los intereses del procesado, y en vez de apartarse, ha fungido como protector, defensor y prácticamente abogado de Álvaro Uribe. Las posiciones de la Fiscalía son un espejo de las argumentaciones del imputado”.
Al respecto, la Fiscalía determinó en su documento firmado el 19 de marzo por el director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía, Carlos Saboyá, que el delegado de esa entidad en el caso “no tiene ningún interés directo o indirecto respecto a la investigación seguida en contra del mencionado ciudadano —Uribe—, es decir, no ha tenido ninguna relación con el imputado que afecte o interfiera en su capacidad de decisión y que permita afirmar que está desviando la investigación”.
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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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