La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró este viernes su compromiso permanente con la población de Nicaragua y con las víctimas de violaciones a los derechos humanos cuando se cumplen dos años del inicio de las manifestaciones opositoras que siguen siendo reprimidas duramente por el régimen de Daniel Ortega.
La CIDH comunicó que constata la consolidación de una quinta etapa de la represión estatal en Nicaragua, caracterizada por la “intensificación de actos de vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas consideradas opositoras al Gobierno, así como hechos de violencia en zonas rurales y contra comunidades de pueblos indígenas”.
Es por esto que la CIDH urge al gobierno de Daniel Ortega el restablecimiento del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.
“A la fecha, la respuesta violenta del Estado a las protestas sociales iniciadas el 18 de abril de 2018, ejecutada bajo diferentes modalidades o etapas de represión, ha resultado en la muerte de 328 personas, entre ellas, 21 policías y 24 niñas, niños y adolescentes; cerca de 2 mil heridas; cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud; más de 777 personas fueron privadas de la libertad”, advirtió la CIDH en un comunicado.
Y agregó: “Según datos registrados por el ACNUR, más de 100 mil personas se habrían visto obligadas a huir desde Nicaragua a países vecinos; más de 90 periodistas y trabajadoras y trabajadores de medios forzadas al exilio. Dichas violaciones permanecen en absoluta impunidad”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), instalado por la CIDH en julio de 2018 para investigar las muertes violentas en Nicaragua, concluyó que hay un ataque generalizado y sistemático contra la población civil que, de acuerdo con el derecho internacional, debe considerarse crímenes de lesa humanidad.
Además, la Comisión señaló que la evidencia muestra la existencia de coordinación entre la Policía Nacional y grupos simpatizantes del Gobierno para agredir, vigilar, amenazar y hostigar permanentemente a cualquier persona identificada como opositora a Ortega.
Por último, frente a la pandemia global del COVID-19, la Comisión recordó que el pasado 8 de abril manifestó su profunda preocupación por la ausencia de medidas destinadas al distanciamiento físico o social como mecanismo para contener la propagación del coronavirus, según las recomendaciones de los organismos internacionales especializados.
“Nueve casos de COVID-19”
El régimen de Daniel Ortega confirmó este sábado su segunda muerte por coronavirus. El Ministerio de Salud (Minsa) informó que un hombre de 64 años, contacto de un caso importado, presentó esta madrugada una complicación aguda e inesperada que, junto a otros padecimientos crónicos que ya tenía, condujo a su fallecimiento.
El sexagenario falleció en un centro privado donde era atendido desde el pasado 7 de abril. Las autoridades sanitarias reportaron oficialmente ese caso, el número ocho de los nueve confirmados, tres días después, es decir el 10 de abril, y entonces se encontraba “delicado, atendido y estable”.
Las autoridades de Salud nicaragüenses han recalcado que todos los casos han sido importados, es decir no se han registrado casos de transmisión local comunitaria.
El Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega no ha precisado, sin embargo, el número de pruebas que ha realizado hasta ahora.
El Ejecutivo también ha sido criticado por diversos sectores por promover eventos masivos y aglomeraciones a contracorriente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Nicaragua, a diferencia del resto de países de Centroamérica, no ha decretado ningún tipo de emergencia por la pandemia, ni ha ordenado la suspensión de las clases, aunque ahora los escolares están de vacaciones por la Semana Santa. Tampoco ha restringido de forma oficial la entrada ni movilidad en su territorio a ningún viajero y sus autoridades han dicho que no establecerán ningún tipo de cuarentena.
Con información de EFE
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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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