El 2 de agosto de 1984, Jaime Boris Ayala Sulca, periodista de 22 años, fue desaparecido forzosamente por miembros de las fuerzas militares peruanas en Ayacucho. Ese día, Ayala se dirigió a la base de la Marina, en el estadio de Huanta, con la intención de denunciar una matanza ocurrida en la iglesia presbiteriana de Callqui el día anterior. Sin embargo, nunca más volvió a salir. Hasta hoy, sus restos no han sido hallados.
Jaime Ayala fue un hombre de prensa con una destacada labor en la denuncia de actos de violencia. Fundó la sede Huanta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) en 1983, y era locutor de Radio Huanta 2000, además de corresponsal del diario La República.
El juicio contra los presuntos responsables de su desaparición y asesinato se encuentra en su recta final. El Instituto de Defensa Legal (IDL) ha seguido de cerca el caso y su abogado Juan José Quispe, representante de Rosa Luz Pallqui, viuda de Ayala, sostiene: “Estamos en la última etapa del juicio. El 1 de agosto empieza la lectura del debate de piezas. Hemos presentado 87 piezas procesales: documentos, videos, nuevas declaraciones, fojas de servicio de efectivos de la Marina que acreditaron que estuvieron en el cuartel de la Marina”.
El juicio oral comenzó en marzo de 2022 en la Sala Penal Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Nacional Penal Especializada, presidida por la jueza Miluska Cano. Los acusados son Alberto Rivera Valdevellano, ex jefe del Comando Político Militar de Huanta y La Mar, y Augusto Gavilondo García del Barco, ex jefe de la base contrasubversiva de Huanta, actualmente a la espera de ser extraditado de España.
Quispe explicó que los acusados están siendo juzgados por tres casos fusionados: el asesinato de 17 evangélicos en Callqui, la desaparición de 45 personas halladas en fosas de Pucayacu, y la desaparición del periodista Ayala. El abogado subrayó que un testigo reveló a la Comisión de la Verdad que Ayala estuvo detenido varios días, fue torturado y ejecutado extrajudicialmente. Otros testimonios desestimaron versiones que lo vinculaban con senderistas.
Además, Quispe señaló que ha habido una labor obstruccionista por parte de la Marina, que intenta atribuir toda la responsabilidad al comandante Álvaro Artaza, alias ‘comandante Camión’. La Marina afirma que Artaza está muerto, aunque investigaciones periodísticas señalan que podría estar en Estados Unidos con identidad falsa. Quispe añadió que el juicio podría concluir con una sentencia que otorgue justicia a Rosa Luz Pallqui, quien ha esperado 40 años.
El diario La República recordó que la noche anterior a la desaparición de Ayala, miembros de la Marina ingresaron a la iglesia presbiteriana de Callqui y asesinaron a seis jóvenes por considerarlos presuntos terroristas. Ayala, como corresponsal, denunció la matanza y al día siguiente desapareció al intentar reportar los hechos en la base militar.
Ley de Amnistía del Congreso podría archivar casos
Las familias de las víctimas y organizaciones pro derechos humanos temen que en las próximas horas el gobierno peruano promulgue una “ley de impunidad” para prescribir los delitos de lesa humanidad ocurridos antes de julio de 2002. Esta ley podría archivar unos 600 procesos, incluyendo el caso Huanta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado suspender esta iniciativa, pero el Congreso de la República aprobó en segunda instancia y está en manos del Ejecutivo.
Vicente Saico, periodista jubilado y autoridad de la iglesia presbiteriana Cristo Rey de Huanta, rememoró que el 2 de agosto de 1984, junto a un colega, llegó a la base militar de Huanta para recabar información sobre la tragedia y se enteró de que Ayala había ingresado media hora antes y no volvió a salir. “Ni con vida, ni sin vida, hasta ahora no se ha encontrado su cadáver; desapareció totalmente”, lamentó.
La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público ha manifestado su rechazo al proyecto de ley de impunidad, pues archivarían procesos importantes como el de Huanta. Henry Mercado, de la organización Paz y Esperanza, sostiene que el proyecto atenta contra el sentido de justicia y que están preocupados por la desactivación de la cuarta sala transitoria de la Corte Nacional de Justicia, indicando una posible estrategia para desactivación del sistema especializado en derechos humanos. Mercado detalló que el juicio de Huanta, que continúa, abarca asesinatos, desapariciones y hallazgos de fosas comunes en Pucayacu.
En 2021, Luis Celis Checa fue condenado a 10 años de prisión por el homicidio de seis evangélicos de Callqui, caso tipificado como delito de lesa humanidad. El Fiscal solicita ahora 25 años de prisión para los acusados Gabilondo García del Barco y Rivera Valdevellano, altos mandos de la Marina.
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