El viernes terminó el paro en las 57 universidades nacionales y en los 87 colegios preuniversitarios del país. Fueron tres semanas de huelga que imposibilitaron el reinicio de las clases tras el receso invernal. En el medio, hubo manifestaciones, abrazos simbólicos a las facultades, clases públicas y se prepara una marcha masiva para el 30 de agosto desde el Congreso hasta el Ministerio de Educación nacional.
Con el paso de los días de paro, recrudeció el conflicto entre el gobierno nacional, encargado de acordar las subas salariales, y las universidades. En las redes sociales, en las calles y en los medios, se empezaron a ver y escuchar consignas como “desfinanciamiento”, “ajuste” y “ataque a la educación pública”. El oficialismo ve allí un intento de confundir. “Hay un problema salarial que se reconoce, pero no existe tal desfinanciamiento”, dicen.
El conflicto entró en su pico de tensión en los últimos días, pero ya lleva unos cinco meses. De un lado, ven ajuste. Del otro, malas administraciones de las universidades. En la pulseada, hay distintos factores que influyeron y que se retomarán cuando se discuta en presupuesto 2019 en el Congreso:
1) Negociación salarial
El lunes se volverán a reunir las autoridades ministeriales y los dirigentes de los seis sindicatos universitarios -Conadu, Conadu Histórica, FEDUN, CTERA, UDA y FAGDUT. Allí intentarán dirimir el conflicto salarial y evitar nuevas huelgas. La Conadu Histórica es el único de los cinco gremios que decidió extender la medida de fuerza por toda la semana que viene.
La última propuesta fue un aumento salarial del 10,8% en el período de marzo hasta junio y volver a negociar. Los gremios rechazaron de plano la oferta y volvieron a pedir por un incremento de entre el 25 y 30% más una cláusula gatillo de ajuste automático contra la inflación.
Fuentes cercanas al rectorado de la UBA le dijeron a Infobae que “se están haciendo gestiones para destrabar la situación”. En charlas informales plantearon que, “con el nivel inflacionario que con suerte será del 30%”, la oferta debería ser más alta.
Después del rechazo, el Gobierno anunció un adelanto a cuenta de futuros aumentos del 5,8%, que se suma a otro 5% que depositaron en mayo. Desde el oficialismo dejan deslizar que “el endurecimiento de las posiciones” de los gremialistas se debe a dos elecciones que tendrán lugar en los próximos días.
“Por un lado, el 6 de septiembre hay elecciones en la CTA de Hugo Yasky. El secretario general de Conadu, Carlos de Feo, pertenece a esa central y el conflicto lo posiciona en la CTA opositora al gobierno. Por otro lado, el 14 de septiembre hay elecciones internas en la Conadu Histórica. Están pujando para dirimir quién oficia de más duro”, dicen.
2) Demora en los pagos
Los presupuestos de las universidades, en su mayoría, van a pagar salarios, pero un 12% se destina a gastos corrientes para mantener el funcionamiento de sus facultades. Hasta aquí, a los docentes se les pagó al día. Con lo que hubo un atraso grande fue con la transferencia de ese 12%. En julio los rectores denunciaban que, de profundizarse la demora, no podrían seguir dictando clases con normalidad.
Sin embargo, se avanzó con los pagos. “A mediados de julio se pagó la mitad de la cuota de febrero, marzo, abril y mayo. Lo que no hemos recibido fue un aumento vinculado a la inflación. Estamos recibiendo ahora un presupuesto votado en septiembre del año pasado y estamos pagando luz, gas, computadoras, reactivos, papel y libros con precios de agosto de 2018″, le remarcó a Infobae Jaime Perczyk, rector de la Universidad de Hurlingham y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
En realidad, el atraso es habitual en los gastos corrientes, que se suelen liquidar dos meses después de realizados. Comenzó como uno de los principales focos del conflicto, pero hoy dejó de serlo. “Es cierto que en un momento se atrasó parcialmente, pero hoy estamos en un momento casi histórico. No hay atrasos en el envío de esas remesas e incluso mejoró la calidad de las transferencias, que dejaron de ser discrecionales y de estar sujetas a alineamientos políticos”, afirmó un asesor de Finocchiaro.
3) Estado de las obras
El 18 de junio se reunieron los rectores del CIN con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y las autoridades de Educación. Allí recibieron el compromiso de que se iba a revisar el estado de las obras que quedaron suspendidas en las distintas sedes universitarias.
“Todavía no recibimos respuesta sobre los planes de infraestructura. Las que están en marcha siguen, algunas sin problemas, otras con algún inconveniente. Pero todas las obras licitadas, adjudicadas y contratadas sin inicio se suspendieron. Esos son más de 4 mil millones de pesos de recorte”, aseguró Perczyk.
El Gobierno decidió “priorizar otras áreas más necesarias porque no hay universidades en riesgo edilicio”. Por eso, optó por darle continuidad a las obras que estaban comenzadas y frenar las que estaban por iniciar. Los rectores, de igual modo, aguardan respuestas.
4) Presupuesto
Hay una cuenta que hace el oficialismo. Consideran que en los tres años de gestión le ganaron un 9% a la inflación. En 2015, el presupuesto era de 51 mil millones de pesos y ahora son 103 mil millones. “Eso da un aumento del 104% versus un 95% de la inflación acumulada”.
“El presupuesto no solo es bueno en términos nominales, sino que es rico en calidad. El actual representa el 96% de lo que se pidió. Nunca un presupuesto votado por el Congreso estuvo tan cerca de lo solicitado. En 2010, por ejemplo, la diferencia fue del 40% y el promedio de diferencia en la administración kirchnerista rondaba entre el 19 y el 25%”, dijo Pablo Domenichini, director nacional de desarrollo universitario y voluntariado, que también adelantó que el del 2019 “no va a ser un presupuesto a la baja”.
Los rectores, por su parte, hacen otra cuenta. Llevan el presupuesto a dólares y lo ajustan a la devaluación. Entonces, los 100 mil millones de pesos que antes eran 5 mil millones de dólares, ahora equivalen a poco más de 3 mil millones, afirman.
Pero, más allá de la polémica por el presupuesto vigente, se discute el que vendrá. El CIN ya elevó una propuesta de 133 mil millones de pesos sin incluir los aumentos salariales, “que deberán estar en línea con la inflación”. El 14 de septiembre el Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de presupuesto y, por la coyuntura, se espera un debate acalorado.
5) Docentes por estudiante
Una de las cuestiones que surgió en el medio de la negociación salarial fue la cantidad de docentes por estudiante en las universidades. Según cifras oficiales, el promedio del sistema hoy es 8,82 alumnos por docente. “Es decir, está en condiciones de recibir tres veces la matrícula actual sin tener que aumentar su planta docente. Y si lo hiciera, tendría en promedio aulas de 30 alumnos”, machacan.
Según Perczyk, es un cálculo que pretende confundir. “No se calcula como en una escuela. Acá tenés profesores titulares, ayudantes, jefes de trabajos prácticos. Cuando vos juntás todos, ¿por cuánto dividís por alumno? Aparte, cuando nos ponemos de acuerdo, ¿ya no hay más demasiados docentes por alumno?”, señaló.
Desde la UBA aportaron a Infobae un cálculo con fuentes oficiales. Contabilizando “cargos full-time equivalentes”, las universidades nacionales tienen un profesor cada 22 alumnos, la UBA sola tiene uno cada 30 y las privadas uno cada 11. La proporción es menor a la de países desarrollados como Estados Unidos (uno cada 10) o Alemania (uno cada 12).
Ante la consulta sobre si la solución que pretenden es despedir docentes, desde el Palacio Pizzurno se apuran a responder que no, que eso ni siquiera está dentro de su campo de acción. “Por eso hay que entender que esto no es una paritaria. El Gobierno paga los salarios, pero no es el empleador. La planta docente ya depende de las universidades que, en algunos casos, están mal administradas. Es imprescindible avanzar en la planificación del sistema”, explican.
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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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