La Ciudad apeló el fallo del Juez Gallardo sobre la seguridad de la marcha de los jubilados

La Ciudad, a través de la Procuración General, presentó la apelación y pidió que se revoque el fallo del juez Roberto Gallardo sobre el control del operativo de seguridad por la manifestación de mañana en el Congreso. Solicitó que se eleve en forma urgente a la Cámara del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo para el tratamiento ante la inminencia de la marcha y movilización anunciada para este miércoles.

“Una manifestación es un fenómeno dinámico, imaginar que detrás de un escritorio alguien va a poder escribir que la Policía da cinco pasos y otro tiene que agarrar la situación cuando hay que hacer cumplir la ley me parece forzado. Hay que ver cómo se va desarrollando la dinámica de la manifestación. Lo que seguro va a pasar es que vamos a garantizar la seguridad en la Ciudad con las fuerzas federales y con las fuerzas de la Ciudad, como siempre”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El recurso presentado considera improcedente la medida precautoria dictada por “la evidente falta de constatación de requisitos legales para su procedencia, la arbitrariedad de la medida y la ostensible falta de fundamentación, el apartamiento del debido proceso legal y por afectar la división de poderes”.

En los fundamentos expuestos por la Procuraduría se sostiene que la resolución del juez Gallardo es nula.

La medida fue resuelta sin la intervención previa del Gobierno de la Ciudad ni se garantizó el derecho de defensa. La Ciudad, en ningún momento, renunció al ejercicio de sus competencias en materia de seguridad. Y considera que el fallo es improcedente por su prejuzgamiento.

Además el Juez Gallardo se arroga facultades propias y excluyentes del Poder Ejecutivo, porque invade a la Administración en cuanto a la “discrecionalidad técnica” para fijar y establecer las políticas de seguridad en el marco de su autonomía, a través del Ministerio de Seguridad de la Ciudad.

También, la apelación sostiene que el “pronunciamiento recurrido es el producto individual de la voluntad del juez, basada en su simple convicción personal” porque no funda su decisión en premisas válidas y presupone anticipadamente una omisión de la Ciudad en la administración de la seguridad. Y afecta el normal desarrollo de las fuerzas de seguridad desplegadas en un ámbito de coordinación con las fuerzas Federales, y se compromete gravemente el interés público, que es el operativo de seguridad.