Este 3 de febrero pasó a la historia como el día en el que Mario Marín fue aprehendido por autoridades mexicanas para responder ante su probable responsabilidad intelectual en la tortura de la periodista Lydia Cacho.
La tarde de este miércoles, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron al ex gobernador de Puebla en Acapulco, Guerrero, para posteriormente trasladarlo al estado de Quintana Roo, donde se requirió al ex priista que se encontraba prófugo de la ley.
Contrario a lo que se podría esperar, la detención del ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ocurrió sin el ejercicio de la violencia gracias a las labores de inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal, pues esta sub dependencia fue la que localizó el inmueble en donde se encontraba el ex político y, sin realizar un solo disparo, cumplimentó la orden de aprehensión.
De acuerdo con versiones extrajudiciales, al domicilio ubicado en la colonia Cumbres de Figueroa, presuntamente perteneciente a la hermana del ex gobernador, llegaron siete vehículos con elementos listos para realizar la captura del presunto autor intelectual de la tortura contra la reportera, aproximadamente 40 minutos después, los agentes ya tenían bajo su custodia a Marín Torres.
Para determinar el momento exacto en el que se realizaría la captura, los agentes de la fiscalía realizaron una vigilancia de 72 horas, de este modo, la labor de inteligencia abonó en realizar un arresto “limpio” y sin víctimas ni heridos.
El caso de Mario Marín regresa la óptica mediática a 2005, año en que la periodista Lydia Cacho publicó “Los Demonios del Edén”, un texto en el que documenta el establecimiento de una red de pedofilía en México, donde el empresario Kamel Nacif, apodado “El Rey de la Mezclilla”, tiene un papel crucial en el tráfico y explotación sexual de niñas y niños. Aunado a esto, también deja ver que en el entramado existe un sistema de colaboración entre figuras políticas con los presuntos ilícitos cometidos contra menores.
Meses después de la publicación del libro, el 16 de diciembre de ese año, Cacho Ribeiro fue detenida en Cancún, Quintana Roo, acusada de los delitos de difamación y calumnia, por la Policía Judicial de Puebla. A la postre fue trasladada a la entidad gobernada por el priista para ser procesada. La periodista acusó que de camino a Puebla fue torturada psicológicamente por los elementos que la arrestaron, quienes la amenazaron de violarla.
Al llegar a su destino, la encerraron en un “calabozo inmundo” y le tomaron fotos desnuda al lado de un cuarto lleno de policías judiciales con una mampara transparente de por medio. El 17 de diciembre salió libre a las 15:00 horas (hora local), luego de pagar una fianza de 70,000 pesos en efectivo (alrededor de USD 7,000 al tipo de cambio de ese año). En menos de un mes, el 17 de enero, la periodista quedó exonerada de los cargos.
“Lo que se orquestó fue una orden de aprehensión artificial para tener la posibilidad de infringirme el mayor castigo posible; una especie de vendetta por haberme atrevido a hablar de los poderosos. El traslado, el despliegue desproporcionado de recursos policíacos, la tortura física y psicológica y el típico sabadazo que intentaban aplicarme formaron parte de una maquinación que solo puede explicarse por la ‘compra’ de la justicia por un particular”, relató la escritora sobre su experiencia.
A mediados de febrero del 2006 fueron difundidos los audios de las grabaciones telefónicas entre Mario Marín y el empresario Kamel Nacif, donde el entonces abanderado por el PRI aseguró haberle puesto un “pinchi coscorrón” a la periodista porque en esa entidad “se respeta la ley”.
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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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