La justicia española citó a declarar como investigados por un presunto delito de sedición al comandante de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, a una subalterna y a dos líderes independentistas, anunciaron este miércoles fuentes judiciales.
Fuentes de la Audiencia Nacional confirmaron a EFE que la magistrada Carmen Lamela citó a Trapero el próximo viernes, junto a los presidentes de las dos asociaciones más importantes en las movilizaciones independentistas de Cataluña, Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Jordi Ciuxart, de Omnium Cultural, así como Teresa Laplana, un intendente de la Policía catalana.
La investigación tiene que ver con las manifestaciones que ocurrieron ante una dependencia del gobierno catalán en Barcelona el 20 y el 21 de setiembre, cuando la guardia civil la registraba en una operación para impedir el referéndum independentista del 1 de octubre.
Los cuatro declararán el viernes ante la Audiencia Nacional, la máxima instancia penal española.
Tras esta concentración, que retuvo a los agentes durante horas en el edificio, la Fiscalía denunció los hechos como constitutivos de un delito de sedición y la juez la admitió a trámite al entender que el fin último de los disturbios es el de una ruptura de la forma de Gobierno.
Los manifestantes dañaron los vehículos de la Guardia Civil estacionados ante las dependencias y retrasaron la salida de los agentes hasta la madrugada.
A las diez de la noche se dio por finalizado el registro, pero la comisión judicial “quedó retenida y sitiada en contra de su voluntad”.
Según la justicia española, son “reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes”.
La secretaria judicial salió por un edificio anexo, un teatro, camuflada entre el público que había ido a la función, y los agentes salieron entre las cuatro y las siete de la mañana.
La actuación de los Mossos, al mando de Trapero, también ha sido cuestionada durante la celebración del referéndum ilegal, ya que tenían la misión de desalojar los colegios designados por el Gobierno catalán para la votación, pero se limitaron a comunicar esa orden a las personas allí concentradas y a levantar atestado, pero no los obligaron a acatar la orden.
Con los locales llenos, a lo largo de la mañana del día 1 de octubre hubo numerosas cargas policiales, por parte de la Guardia Civil y de la Policía española para desalojar los centros e impedir la votación, lo que provocó más de 800 heridos y una fuerte contestación social.
El delito de sedición está castigado con una pena máxima de prisión de 10 años en el caso de ciudadanos ordinarios, y de 15 años si se trata de autoridades.
(Con información de EFE)
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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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