El 9 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción, establecido por la Asamblea de las Naciones Unidas a fin de concientizar sobre los efectos y la necesidad de su lucha.
Si bien resulta difícil establecer un número exacto, se estima que se sustraen 2,6 billones de dólares anuales por la corrupción, es decir, el equivalente al 5% del producto bruto interno mundial o un promedio de 10 veces lo que le dedica cada país en desarrollo a la asistencia oficial (Unodc).
Las consecuencias negativas de la corrupción son evidentes. Entre otras, desalienta la inversión privada y promueve la ineficiencia de los recursos del Estado, contribuye así a la inequidad social. Por otro lado, al verse comprometidas las instituciones, permite el florecimiento del crimen organizado, lo cual repercute directamente en la seguridad de los ciudadanos. En el ámbito corporativo, se crea un ámbito propicio para el fraude interno y el consecuente daño reputacional en el mercado.
El índice más difundido para medir la corrupción es el que publica anualmente la ONG Transparencia Internacional. En el año 2016 nuestro país obtuvo el puesto número 95, lo que lo sitúa por encima de nuestros países vecinos y de la media mundial.
Si bien el resultado es preocupante, se avizora una luz de esperanza. A raíz de diversas iniciativas propuestas por el Gobierno actual, se revirtió la tendencia negativa en la puntuación que venía obteniendo nuestro país.
Al cabo de 2 años de gestión, se redujo la burocracia de la administración pública, ámbito propicio de corrupción, y se ha avanzado en su prevención. Se reglamentó el artículo 18 de la ley de ética pública respecto a los regalos a funcionarios públicos y se revitalizaron los roles de organismos centrales en la lucha contra este flagelo, tales como la función de la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción.
Se sancionaron diversas leyes en la materia como la del arrepentido por hechos de corrupción (27304), de herramientas de investigación contra el crimen organizado (27319) y responsabilidad penal de la persona jurídica por hechos de corrupción (27401). Algunas otras siguen tratándose, como la que regula el lobby y la confiscación de activos.
Si bien dichas herramientas son de importancia en la lucha contra la corrupción, la gran deuda que aún tenemos con la sociedad es la falta de respuesta, intencional o por impericia, de jueces y fiscales, quienes son en definitiva los que hacen operativa la ley. Podemos tener las mejores normas, pero, si no se aplican, son letra muerta. Por eso la idoneidad y la integridad de nuestros jueces y fiscales resultan esenciales para un Estado de derecho.
En este sentido el Consejo de la Magistratura, organismo que elige y sanciona a los jueces, ordenó una auditoría de los juzgados federales de Comodoro Py a instancia del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Más allá de sus resultados penosos, procesos interminables y sin condenas, es un punto de partida para transparentar al Poder Judicial y expulsar a aquellos jueces deshonestos, como ocurrió en el caso del ex camarista Eduardo Freiler.
Por otro lado, cabe destacar que actualmente se encuentra en el Congreso un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo que limita su representación política en el Consejo de la Magistratura, prepondera la académica o judicial, y otro proyecto que limita la discrecionalidad del procurador de la nación en la elección y la sanción de los fiscales.
Si bien existen varias cuestiones por mejorar, llegaremos a este 9 de diciembre con resultados concretos que nos llenan de esperanza al pensar que otro país es posible.
FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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