Incrementaron las masacres, el reclutamiento de menores, los secuestros y asesinatos de líderes sociales durante el Gobierno Petro: Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para las Américas

Luego de 30 años dirigiendo a la oenegé internacional Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco entregó su mandato a la excongresista colombiana Juanita Goebertus. La politóloga y abogada, que militó en la Alianza Verde, y cuenta con una nutrida hoja de vida en derechos humanos —e incluso participó de la creación del Acuerdo de Paz con las extintas Farc—, lleva un año al frente de una de las entidades que más investiga y analiza la preservación de los derechos humanos en el mundo.

Infobae Colombia conversó, en una entrevista exclusiva con Goeberturs, que es directora de HRW en la división para las Américas, donde hizo una dura radiografía de las gestiones del presidente Gustavo Petro en cuanto a derechos humanos. Dejó serias advertencias y algunas recomendaciones.

— Infobae: ¿Cómo le ha ido al gobierno Petro en la preservación de los derechos humanos a casi un año de gobierno?

— Juanita Goebertus: Yo reconocería, desde un punto de vista positivo, que el Gobierno Petro ha tenido una disposición a reunirse con el movimiento de derechos humanos, ha generado instancias y hay una, digamos, actitud dialogante, que es muy distinto a lo que el movimiento de derechos humanos experimentó en el gobierno pasado. Tener esos espacios de incidencia, ser escuchados, genera un clima de mayor favorabilidad para poder avanzar en la protección de derechos humanos.

Nos preocupa la situación humanitaria; básicamente lo que nosotros hemos venido documentando, a nivel territorial, en estos primeros cinco meses del inicio del año es un incremento en los casos de masacres, un incremento en el reclutamiento de menores, un incremento en los casos de secuestro y las cifras de homicidios de líderes se sostienen. (…) Veníamos de un 2022 con la cifra más alta, desde el 2012, en materia de homicidios de líderes sociales y en ese sentido, que la cifra se se esté manteniendo en lo que lleva del año, nos preocupa muchísimo.

— ¿Cómo analiza y reciben, desde HRW, la “paz total” de Petro? ¿Creen que es muy ambiciosa?

— Es muy importante la necesidad de que cualquier política de paz deba ir de la mano de una política de seguridad. No basta con la buena voluntad de querer buscar acuerdos para la consolidación de la paz si a nivel territorial las comunidades son abandonadas y dejadas solas sin que haya un Estado que las proteja frente a homicidios, amenazas, desplazamiento, reclutamiento por parte de grupos de crimen organizado.

Lo segundo es la dificultad con la caracterización (de los grupos armados). Desde un punto de vista de Derecho Internacional no es lo mismo en una parte un conflicto armado con un grupo de crimen organizado, frente a otras partes en un conflicto armado. Cuando estamos hablando de grupos de crimen organizado, no existe tal disposición en el derecho internacional de conceder la amnistía más amplia posible. Hay que tener en cuenta la satisfacción de los derechos de las víctimas, el deber de el Estado colombiano de investigar, juzgar y sancionar este tipo de de delitos

En tercer lugar, hemos advertido de la complejidad en los mensajes que se reciben a nivel territorial. El hecho de que haya tantos procesos andando hace que muchas veces la Fuerza Pública no tenga claro con quién hay ceses, con quién no hay ceses y en ese sentido haya una confusión sobre el deber de protección que tiene la Fuerza Pública a nivel local.

Algunas comunidades con las que hablamos nos dicen que es como si ahora los grupos armados, en algunos sitios, mandaran o si pudieran libremente actuar sin que existiera una acción de parte del Estado.

— A casi un año de gobierno la única muestra clara es el cese al fuego con el ELN, ¿no están siendo muy ambiciosos al querer desarmar a todas las bandas criminales?

— Para nosotros ser muy ambiciosos no es el problema. Querer buscar la paz con todos estos grupos: Bienvenido. Eso es un objetivo absolutamente loable. El problema justamente es que a nivel territorial se descuide la protección de la ciudadanía.

Para nosotros es claro que independientemente de los términos en los cuales el Gobierno y el ELN negocien, cada día que el ELN siga secuestrando, es un día más en el que va a tener que responder ante la justicia por un crimen que, insisto, constituye un crimen de guerra, de toma de rehenes. (…) Importante que el Gobierno entienda su deber de protección y garantía de los derechos humanos. El hecho de negociar no le quita el deber de proteger a la ciudadanía a nivel local. Grupos como ELN deben entender que, en un mundo como en el que vivimos, existe un deber de investigar, juzgar y sancionar, no solo en cabeza del Estado colombiano, sino que hay Corte Penal Internacional.

— ¿Fue una falencia que el Gobierno Petro no contemplara en el cese al fuego que el ELN detuviera el secuestro y la extorsión?

— Cualquier hecho relacionado con la violación a derechos humanos, en este caso en particular, el hecho de que ellos mismos advierten que van a seguir cometiendo un crimen de guerra como lo es la toma de rehenes, va a implicar responsabilidad penal, nacional e internacional; que tomarán la decisión de no abordarlo en este momento solo pospone tener que rendir cuentas por este tipo de hechos.

— Usted se unió a las voces de rechazo contra Danilo Rueda por destacar que el ELN confesara el atentado contra la Fuerza Pública, ¿cómo cree que le ha ido a él manejando los temas de paz en el gobierno Petro?

— Desde Human Rights Watch, insisto, reconocemos la voluntad y la importancia de abordar procesos de diálogo para resolver conflictos. Que el Comisionado de Paz busque distintas mesas de negociación para buscar un acuerdo es algo que solo podemos aplaudir. (…) El problema es cuando el comisionado confunde la posibilidad de buscar esos procesos de negociación con, de alguna manera, estar con los grupos armados o perdonar hechos gravísimos. El hecho de que en un caso en particular como este, el comisionado celebre que el ELN se atribuya un hecho criminal, pues es reprochable.

Eso es muy distinto de estar dispuesto a primero renunciar a este tipo de hechos violentos, o sea, garantizar la no repetición. Segundo, estar dispuesto a reconocer responsabilidad lógica de administración de justicia, es decir, entender que son hechos que van a ser investigados y juzgados. Y muy importante aceptar que este tipo de hechos criminales tienen sanciones. Entonces, no solo es una afrenta a las víctimas (lo dicho por Rueda), sino que confunde que los dos carriles son complementarios. No puede el gobierno colombiano simplemente pensar que, porque tiene un carril de negociación, va a dejar de tener responsabilidades en materia de derechos humanos.

— Recientemente vimos que varios guerrilleros se atribuyeron la apertura de carreteras como si fueran el mismo Gobierno, esto después del acuerdo del cese al fuego, ¿qué debería hacer el Gobierno?

—Todas esas actitudes son una serie de conductas que al final hablan de la incapacidad del gobierno colombiano de cumplir con su deber de garantizar la protección de los derechos humanos de los ciudadanos colombianos. En ese sentido, yo creo que lo principal que tiene que entender el Gobierno Petro es que, no por estar en una negociación y por haber negociado un cese, deja de ser responsable por la protección de los derechos humanos de quienes habitan el territorio colombiano.

— ¿Cómo ha visto la implementación del acuerdo de paz con las Farc? Usted hizo parte de esas negociaciones en el pasado.

— A nosotros nos preocupó muchísimo las declaraciones del Presidente sobre que el acuerdo de La Habana sería un acuerdo incompleto. Esto desató toda serie de conversaciones con distintos sectores del Gobierno Santos que condujeron a que el presidente Petro señalara que iba a escindir la responsabilidad de la implementación del acuerdo, de la negociación. Sin embargo, eso no se ha materializado en la práctica.

Francamente, cuando uno mira el avance de la implementación del Acuerdo de Paz, para ser un gobierno que en campaña y desde un punto de vista discursivo dice apoyar la implementación, desafortunadamente esto no se refleja en la práctica ni en el avance que estamos viendo en la implementación. Se necesita muchísimo más para poder siquiera avanzar en los compromisos del acuerdo en materia de desarrollo rural, de sustitución de cultivos de uso ilícito, de reducción de la brecha entre el campo y la ciudad en materia de de pobreza.

— ¿Cómo ve la comunidad internacional las críticas de Petro al acuerdo de paz de Santos?

— De la promesa que hizo el presidente Petro durante campaña, de ser un presidente que le apostaba a la implementación del Acuerdo de Paz, sus afirmaciones sobre que sería insuficiente y que habría que pensar en un acuerdo muchísimo más ambicioso, pues llenaron de preocupación a todos quienes hemos trabajado por la construcción de paz en Colombia, porque si bien se puede ser aún más ambicioso, poder implementar solo lo que está en el acuerdo de La Habana sería ya una transformación significativa para las comunidades rurales que han vivido y que han sufrido de primera mano la guerra. Fue una afirmación que confundió a la comunidad internacional; y a países amigos que han estado apoyando a Colombia en la implementación del Acuerdo de Paz y que vivieron una narrativa contradictoria de parte de Presidencia.

— ¿Reitera su renuencia a que el Gobierno negocie con las disidencias de las Farc?

— (…) El balance entre justicia y paz, que logra el acuerdo de La Habana, que es excepcional, no es lo que ordinariamente establece el Derecho Internacional. (…) La garantía esencial es la no repetición. Toda la base de la justicia transicional es que esa excepción es posible para que las personas dejen las armas y no vuelvan a delinquir. Si esa patica se cae, todo el mecanismo transicional de los beneficios que reciben se cae.

Insistir en un nuevo mecanismo, además a tan poco tiempo de un incumplimiento, pues manda una señal muy negativa de que es posible seguir delinquiendo y aún así recibir los beneficios. Entonces, insisto, desde un punto de vista de Derecho Internacional, la justicia transicional es la excepción, no la regla.

— ¿Sí o no ve viable que en el 2025, como dijo el presidente Petro, se detenga la guerra entre el Estado y el ELN?

— No me corresponde a mí hoy en día, como parte de una organización internacional de derechos humanos como Human Rights Watch, pronunciarme sobre sobre ese tipo de declaraciones que, digamos, hacen parte más de de una discusión política. Lo que sí puedo decir es que, en mi experiencia personal en el proceso de La Habana en general, los tiempos de la negociación casi siempre difieren de aquellos que adquieran las partes en una negociación.

— La FLIP y otras organizaciones de medios han advertido de los comentarios de Petro a la prensa, ¿desde HRW como ven el trato del Presidente a los medios?

— Este es un tema muy importante que nos preocupa muchísimo. Tengo que decir que es un tema que no solamente se está dando en Colombia. Este es un patrón a lo largo y ancho de América Latina, en gobiernos de izquierda, de derecha. (…) Un típico síntoma de autoritarismo empieza a ser el ataque directo a la prensa. Lo vimos con Bolsonaro (Brasil), lo vemos con AMLO (México), lo vemos con Bukele en El Salvador, lo vemos a lo largo y ancho de América Latina.

— ¿Y en Colombia ha sido la excepción?

— Este patrón en América Latina nos preocupa justamente por ver, en el caso de Petro, una serie de declaraciones que van en esa misma dirección. Declaraciones cuestionando directamente a la autoridad de la prensa, cuestionando la posibilidad de ser críticos del Gobierno; declaraciones además generalizantes frente a los distintos medios de comunicación, estigmatizantes, que ponen en riesgo a periodistas.

No solo es preocupante por las declaraciones que ha hecho el presidente Petro, sino porque este tipo de formas de atacar a la prensa han sido síntomas en otros países de la región, de regímenes autoritarios. Hemos hecho un llamado a que el presidente cese cualquier tipo de ataque de estigmatización contra los medios de comunicación y use los mecanismos institucionales como son el derecho a la rectificación, que son mecanismos para dar una discusión sobre si hay o no información veraz.

— El racismo contra la vicepresidenta Francia Márquez ha desbordado las críticas del Gobierno Petro contra la prensa. ¿Cómo ve eso?

— ¿Que ha habido racismo en Colombia? es innegable. ¿Que ha habido declaraciones racistas en contra de la vicepresidenta Francia Márquez?, absolutamente innegable y reprochable. Dicho eso, la prensa es, en esencia, una garantía del control del poder. En distintas ocasiones, en particular para quienes están en el poder, las declaraciones de distintos medios de comunicación serán declaraciones que no les gustan, que les parecen inexactas. Existen mecanismos institucionales para cuestionar esas declaraciones, o porque son discriminatorias, o porque no responden a hechos veraces.

Hay mecanismos para dar esa discusión desde un punto de vista institucional, haciendo una referencia al derecho a rectificación, pidiendo en distintos mecanismos réplicas cuando haya lugar a ello. Pero atacar, teniendo en cuenta el poder que tienen el Presidente y la Vicepresidenta, públicamente a los medios, lo que genera es un clima de restricción de la libertad de prensa y de la libertad de opinión que, insisto, restringe el debate democrático en Colombia.

— ¿Qué tantas bolas le para Petro a oenegés como HRW?

— Nosotros tenemos conversaciones fluidas con todo el gobierno, constantemente nos estamos reuniendo con los ministros. Hace tan solo un par de semanas tuvimos una ronda, justo a mi regreso de licencia de maternidad, con las distintas carteras de Gobierno en donde les expresamos, como lo hago acá de manera crítica, las preocupaciones que tenemos. (…) Hemos recibido receptividad en nuestras preocupaciones, apertura a la formulación de propuestas y de recomendaciones.

— Usted hizo parte de la oposición a Iván Duque cuando fue congresista en Colombia, ¿sí ha visto el cambio para el país en el primer gobierno de izquierda?

— Justo por el cambio de rol que tengo, y porque ya hoy en día no participo en ningún partido político, ni de una discusión electoral, no me corresponde a mí hacer una valoración política general del Gobierno Petro. Me corresponde el tipo de conversación que hemos tenido sobre en dónde hay avances en la protección de derechos humanos y donde vemos preocupaciones de la situación de derechos humanos en el país.

— Entiendo, pero al hablar de temas como, por ejemplo, la Policía Nacional ¿Ve cambios? La Policía fue duramente cuestionada en 2021 durante el Paro contra Duque. Qué opina.

— Es un muy buen ejemplo. Hemos visto algunos escenarios positivos, otros no tanto. El Gobierno Petro ha puesto en marcha una serie de mesas en las que hemos participado de regulación del uso de la fuerza por parte de el ESMAD en contextos de protesta. Yo creo que ahí hay avances.

El gobierno Petro se eligió bajo una promesa de reforma integral a la Policía Nacional; de hecho, había una promesa de sacarla del Ministerio de Defensa. Hoy no parece existir un proyecto claro del gobierno Petro, por ejemplo, de sacar a la Policía del Ministerio de Defensa y de hacer realmente una reestructuración integral de la Policía con un rol mucho más civil. Esta es la última Policía en el hemisferio que queda dentro del Ministerio de Defensa.

— Cambiemos de tema. ¿Cómo ve a Francia Márquez en sus promesas de campaña? ¿Sí ha empoderado a las llamadas minorías?

— El hecho de que la vicepresidenta Francia Márquez sea la primera vicepresidenta afro en Colombia es un paso fundamental para el reconocimiento de grupos como los afro en Colombia, que han tenido niveles superiores de pobreza respecto al resto de la población. (…) En ese sentido, que una persona como ella llegue al poder, significa un avance en términos de la participación en política de sectores que han estado excluidos en Colombia.

— Durante el Gobierno Petro persiste la violencia contra la comunidad LGBT. ¿Qué está pasando?

— Desde un punto de vista discursivo, hay un espacio muy importante de la comunidad LGBTI. Desde HRW adelantamos discusiones sobre la importancia de que la JEP incluya dentro de sus casos la violencia contra comunidad LGBTI, que sería una de las deudas pendientes del conflicto armado. Está pendiente en Colombia el avance de satisfacción de derechos de comunidad trans; es uno de los baches legislativos que tendría que avanzarse en términos de su reconocimiento y de su identidad.

— Finalmente. Para usted, una excongresista colombiana y ahora mamá, ¿cómo ha sido suceder a José Miguel Vivanco en la dirección de HRW?

— Ha sido un reto grande. Ha sido un reto que me ha tocado en medio de una coyuntura personal muy particular. Hace cinco meses nació mi bebé y ha sido un reto, digamos, pensar no solamente en Colombia y en nuestros retos de construcción de paz, de afianzar la protección de derechos humanos, la seguridad en el territorio, sino de ver a Colombia en un escenario mucho más amplio, regional. He tenido la oportunidad de estar en en Brasil, en México, recientemente en Guatemala hablando de primera mano con organizaciones de sociedad civil, con gobiernos, con rama judicial, con periodistas, tratando de entender los distintos retos que enfrentan los diferentes países.

— ¿Cómo ha sido ese tema de ser mamá saltando de país en país y andar pendiente de tantas problemáticas que vive el continente?

— Me he sentido muy acompañada. Viajé con ella (su hija) todo el tiempo en la barriga, hasta prácticamente el final de de mi embarazo y gracias al apoyo de mi esposo podemos ser una pareja de profesionales que cree en la importancia de criar a nuestra hija, no solamente a través del cuidado, sino también a través del ejemplo y de que lo que hacemos, y en mi caso participar en la defensa de derechos humanos en la región, la inspire a ella también hacer exactamente lo que ella quiere hacer.