A Jiang Dingduan el tiempo se le hace largo. Está encerrado desde que lo allanaron en su taller y depósito de la calle Pola en Mataderos en diciembre de 2017, pero todavía no hay fecha para que el juicio en su contra comience por videoconferencia para enlazarlo con alguna sala de Comodoro Py, un proceso en el Tribunal Oral Federal N°6 con una acusación a cargo de la fiscal Gabriela Baigún. A Dingduan, de 50 años, que llegó a Buenos Aires desde China en el año 2000, no lo enviarán a su casa, no como él pretende.
Seguirá detenido, al menos por un tiempo. A fines de junio, la Sala 4 de la Cámara de Casación del fuero decidió extender su tiempo en la cárcel: seis meses más de prisión preventiva por los presuntos delitos de trata de personas agravado por haberse aprovechado de la situación de vulnerabilidad de la víctima y por haberse consumado la explotación, en concurso real con el delito de abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal vía oral, literalmente violar a la mujer a la que había esclavizado, usar su autoridad y su poder para coaccionarla y forzarla.
No era la primera vez que perdía en Comodoro Py: los repetidos intentos de su defensa particular de soltarlo fallaron. Para pedir su arresto domiciliario, la defensa de Dingduan llegó a plantear, por ejemplo, que debía salir de la cárcel para acompañar a su hijo, que si no salía no tendría otra opción que enviarlo de vuelta a China con sus abuelos, o que su mujer y su familia se estaban comiendo sus ahorros. Tenía una empresa fundada en 2016 según el Boletín Oficial, con un socio chino y otro argentino que ya falleció, dedicados en los papeles al rubro de bazar. La Sala 4 ya le había denegado ese pedido en 2019.
En sus fallos, los jueces Borinsky, Hornos y Carbajo se preocuparon por su víctima, la mujer que lo acusó, se preguntaron qué pasaría con ella con Dingduan excarcelado. Esa preocupación tiene sentido.
Durante los últimos años, el tráfico y la virtual esclavitud de mujeres en la comunidad china en Argentina, traídas de manera ilegal desde Asia o encontradas de manera local, se convirtió en un fenómeno entre fenómenos, en un sistema de jueces y fiscales y policías que se confunde frente a un colectivo migrante que no habla su idioma, con intérpretes aterrados de traducir ante posibles amenazas, con el avance voraz de la mafia en Capital y el conurbano que en los últimos meses fue más allá de contratar pistoleros argentinos y peruanos o viejos piratas del asfalto en el submundo del hampa para contratar a barrabravas, con víctimas que rara vez se ven.
Hay una cifra histórica en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema que sirve para ilustrar el punto. Es de hace tres años atrás, una tabla comparativa de las denuncias hechas por mujeres en comunidades como la paraguaya o la boliviana eran miles. Las de la comunidad china, solo una, literalmente una.
Para empezar, la víctima de Jiang Dingduan no denunció su calvario ella misma. Alguien la encontró de casualidad.
Dingduang había desafiado en repetidas ocasiones a la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires luego de ordenes de clausura de su depósito que no fueron cumplidas por diversos problemas: falta de señalización, falta de fumigación, problemas con ratas, sistemas de control de incendio ausentes.
Así, allanaron en el lugar. Un hombre estaba oculto entre las cajas, con una pequeña caja fuerte con documentos de nacionalidad china. La víctima, junto al empresario, estaba entre las mujeres encontradas ese día.
Así, se formó una nueva causa. Guillermo Marijuan fue el fiscal encargado de investigarla.
“Solo trata bien a sus paisanos, al resto como perros”, declaró uno de sus empleados: “A la señora que vive acá con la hija no la dejan salir”, dijo otro. “Vive arriba en el taller, donde están los chinos”, dijo la tercera, un taller dedicado a producir bolsas de plástico. Pero la víctima no venía de China sino de la extrema pobreza en Misiones, de donde se había ido, según ella misma, cuando tenía 13 años. Había tenido que dejar el colegio en séptimo grado. Trabajó como empleada de limpieza en casas donde le negaban el salario, también en hospitales. Trabajaba en el depósito de la calle Pola desde 2016. Le entusiasmaba la posibilidad al comienzo, poder tener un recibo de sueldo, algo.
El arreglo laboral que finalmente le impusieron, según documentos de la causa, era draconiano: lunes a viernes de 5 a 20 horas, sábados de 7:30 a 19, sin recibo de sueldo, sin vacaciones pagas. Debía pasar el trapo, cuidar chicos. Ni siquiera tenía una llave, no podía entrar y salir sin pedir permiso. Le pagaban apenas 8 mil pesos por mes. Era madre de una nena; el padre de la menor, del que se había separado, se negaba a pagarle la manutención. Debía compartir una cama de una plaza con ella, en una pieza sin baño, que ni siquiera tenía puerta, placard, ventana o una estufa. La mujer podía salir apenas para llevarla al colegio. Solo podía comer lo que le daba su patrón.
Otra ex empleada del taller y depósito contó las condiciones y la presión en la calle Pola. Aseguró que Dingduan, alias “Imei”, controlaba cuántas veces iban al baño por jornada. También, recordó el tiempo que tenían para almorzar: diez minutos.
Dingduan se sentó en Comodoro Py para ser indagado. Se negó a responder preguntas de la fiscalía, apenas comentó sobre las de su defensa. Dijo, según su testimonio plasmado en el requerimiento de elevación, que conoció a la víctima por un tercero, que era una niñera, que ni siquiera era su empleada y que era, básicamente, una changa.
Otro argumento de la defensa aseguraba que era imposible que Dingduan violara a la mujer porque no le parecía atractiva, porque había otras, como si tuviese para elegir.
La víctima declaró también. Habló del presunto abuso que sufrió dos semanas antes del arresto del empresario. Relató encuentros a solas cuando la esposa del empresario se iba. Allí, la presión era mucho peor. “Empezó a abusar de mí, a pedirme sexo, me prometía cosas, que me iba a poner plata en el banco”, afirmó, promesas de teléfonos celulares, un poco de bienestar. Dingduang, según la víctima, le ponía 500 pesos y se desnudaba. “Primero sentía miedo”, aseguró la víctima, pero otros miedos eran peores, que la golpee o la mate si no accedía.
Un equipo de psicólogas del Cuerpo Médico Forense evaluó su testimonio. Lo consideró verosímil, compatible con secuelas de abuso, con posturas defensivas y con la naturalización de un hecho de violencia. Comenzó un tratamiento psicológico en el hospital Alvarez. La víctima aseguró también que fue contactada por Dingduang y por personas de su entorno, aseguró que intentaron intimidarla u ofrecerle dinero para que retire su denuncia. No lo hizo.
Otros documentos en la causa hablan de un presunto “sistema de matrimonios” en donde Dingduang abonaría “sumas de dinero a ciudadanas argentinas a cambio de que contraigan matrimonio con personas de origen chino a los fines de facilitarle la obtención de la ciudadanía”, según la confirmación del procesamiento.
Dingduan no es el único empresario chino sentado en una celda federal acusado de someter a una mujer, sea nacida en Argentina o en China. El mes pasado, Xiao Dong Lin fue condenado a cinco años por el Tribunal Oral Federal N°6 en un proceso abreviado junto a su hermano Wu Lin. Una joven que trabajaba en su supermercado de Versalles huyó hacia la Policía para relatar cómo la había captado en la provincia china de Fujian para llevarla hacia Ecuador y traerla de forma clandestina a la Argentina, donde según su testimonio, se convirtió en su esclava laboral y su novia a la fuerza. La presunta violación no fue parte de la imputación final. La instrucción del caso no incluyó esa declaración, lo que no le permitió a la fiscalía imputar al empresario por ese delito.
El perilplo que la víctima de Xiao Dong Lin relató no era algo nuevo, al menos para ciertos sectores de la Justicia argentina, una ruta desde Fujian hasta Quito, luego Bolivia y Argentina por tierra de manera ilegal, con gestores que luego blanquean su status migratorio. El 26 de mayo de 2016, ocho mujeres chinas corrieron atontadas por un campo cerca de la Ruta N°9 en Campana luego de que volcara la Volkswagen Amarok Blanca que la transportaba tras una persecución policial. Las mujeres declararon en el juzgado federal de la zona, relataron esa misma ruta, con algunas diferencias entre sí.
En medio de todo, el juez Adrián González Charvay recibía una serie de escuchas de una investigación en proceso en el Juzgado N°42, una causa contra Pi Xiu, quizás la mafia china más poderosa y violenta de la Argentina. Alguien del otro lado del teléfono estaba detrás de esa Amarok blanca.
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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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