Natalia Fidel: "Hay que blanquear los aportes de empresas a las campañas políticas para poder regularlos y controlarlos"

La legisladora porteña por el oficialismo Natalia Fidel es presidente de la comisión especial de Reforma Política y desde allí impulsa, en sintonía con el Gobierno nacional, un proyecto de financiamiento de partidos políticos que permita los aportes de las personas jurídicas -empresas- para las campañas.

Según la diputada de Vamos Juntos, “no se puede controlar aquello que no se reconoce” y el flujo de fondos desde el sector privado hacia el sistema político es una realidad que es necesario regular. El caso de los aportantes falsos en la provincia de Buenos Aires y  el de las contribuciones espurias que salieron a la luz a partir de los cuadernos del chofer Oscar Centeno son apenas muestras de la complejidad del problema del financiamiento de la política.

Fidel también hizo un balance sobre el año legislativo y adelantó algunos de los temas que marcarán la agenda el año que viene antes de las elecciones.

-Los legisladores del oficialismo caracterizaron el 2018 como el “año de los códigos”, ¿cuál fue el proyecto más importante para el oficialismo?

-Si, efectivamente debatimos seis códigos de leyes: el urbanístico, el de edificación, el electoral, el contravencional, el de habilitaciones y el procesal penal. Son cuerpos normativos muy grandes y algunos, como el urbanístico, no se modificaban hace 40 años. En particular, yo estuve trabajando muy fuertemente, junto con el diputado Diego Marías, en el código electoral. Desde hace 22 años -desde que tiene autonomía- que la Ciudad no tenía sus propias reglas de juego para ordenar su propia democracia. En ese sentido, fue un logro muy importante porque conseguimos 49 votos para tener la gobernanza electoral de la Ciudad: es decir, cómo son las reglas de juego, cuál es la autoridad que las aplica y, en caso de conflicto, quién los resuelve.

-Hubo otras leyes como la creación de la UniCaba, el Código Procesal Penal y el Urbanístico que se aprobaron únicamente con los votos del oficialismo, ¿por qué se decidió avanzar igual si no se logró ningún consenso con otra fuerza?

-Hay que separar el proceso del resultado final, que muchas veces también es político. La verdad es que durante el proceso se dio el debate y los tiempos de discusión. Después, además de los códigos, en el 2018 votamos 103 leyes. Y la verdad es que se pasaron con mayorías circunstanciales, se fueron generando distintas estructuras de consenso. Así que me parece que el proceso en todas las leyes fue abierto, en algunos más profundo porque son temas más complejos. UniCaba estuvimos un año discutiéndolo, por ejemplo. Más allá de los resultados, los procesos fueron abiertos y participativos.

-¿Cuál es el proyecto más importante para el oficialismo en lo que queda del año?

Algo que venimos debatiendo hace mucho tiempo es el código Contravencional, que justamente se sigue discutiendo para ver si se encuentran estas mayorías porque requiere 40 votos. Puntualmente lo que se va a regular es el tema de los “trapitos”. El código actual no resuelve el tema de los “trapitos” porque hay que demostrar que se exige dinero como contrapartida para cuidar el auto. Con esto vamos a regular para que no pasen estas cosas, para que un grupo de violentos no se apropie del espacio público y te exijan dinero. Pero, obviamente, separándolo de quienes lo usan como mecanismo de subsistencia. Vamos a separar el que lo hace cooptado por las mafias de aquellos que lo hacen como un mecanismo legítimo de subsistencia.

-Entonces, ¿sale antes de fin de año?

-Estamos en debate, pero si se consiguen los votos, yo creo que si.

-¿Qué va a marcar la agenda el año que viene, más allá de las elecciones?

-Hay temas que quedaron pendientes de este año: uno es el financiamiento de la política. No nos pusimos de acuerdo para incluirlo en el código electoral y la realidad es que tenemos que dar una respuesta, porque con el sistema actual de financiamiento público y de personas físicas no se resuelven muchos de los problemas que tenemos en relación a la falta de transparencia. El debate es: se mantiene el sistema actual, se va a un esquema de financiamiento sólo público, o se integran las personas jurídicas -empresas- y se las controla. Porque no se puede controlar aquello que no se reconoce. Es un tema muy importante y también vamos a ver qué pasa a nivel nacional porque el mismo tema se va a debatir en las sesiones extraordinarias de este año.

-Los aportes de las empresas también se debatieron en las últimas elecciones primarias de Estados Unidos -donde es legal-, en las que el precandidato demócrata Bernie Sanders planteaba que debían ser restringidos porque desnaturalizan el juego democrático debido a las condiciones que imponen las grandes compañías…

-Es un tema fascinante. Desde la comisión de Reforma Política lo que debatimos es desde dónde nos paramos para dar el debate. Muchas personas están en esta posición, se paran en el “deber ser”. Dicen: “Mejor no aceptemos el financiamiento de empresas porque viene con condicionamientos de políticas o contrapartidas de contrataciones”. Ellos prefieren que no exista correlación entre lo público y lo privado. Mi postura es más desde el “ser”: la realidad es que esa relación existe y ya sea desde las empresas o desde las personas físicas se transfieren fondos desde lo privado a lo público. Lo que hay que hacer es blanquearlo para regularlo y controlarlo. Lo que queremos hacer es generar una base de datos online para que el ciudadano pueda saber en tiempo real si una empresa le pone dinero a un candidato. Entonces, si no comulga con cierta política de una empresa puede decidir no apoyar a determinado candidato que recibe fondos de ella.

-¿También habría límites a la cantidad de dinero que pueden aportar?

-Por supuesto, hay un montón de límites, que tienen en cuenta las ganancias netas de las empresas en el año previo o también estipulan que el financiamiento privado no puede superar más del 50% del total de fondos, entre otros.

-¿En qué quedó el proyecto de oficina anticorrupción porteña?

-Otro tema que se viene es un paquete de integridad pública. Ya tenemos en la Ciudad una ley de Ética Pública pero buscamos generar una entidad de aplicación, una oficina anticorrupción. Para que no sea solo prevenir acciones ilícitas sino fomentar la integridad en los servidores públicos todo el tiempo. También incluye una ley de contrataciones y obra pública que tiene que ver con abrir la información de los proceso de licitación.

-Ya que mencionas lo de las licitaciones, ¿por qué al grupo Roggio, que reconoció ante la Justicia haber pagado coimas, se le permite participar de la nueva licitación del subte?

-En este paquete de integridad, una persona que tiene una declaración jurada “oscura” no podría presentarse. Concretamente, la concesión del subte termina en diciembre y se están analizando tres propuestas, dos de las cuales no incluyen al grupo Roggio. Veremos cuál es el resultado. Pero cuando tengamos este paquete de integridad uno de los temas es el compliance o la transparencia para que si una empresa tuvo algún caso de corrupción no pueda ser proveedora del Estado. Ya se empezó el debate así que esperamos que se trate a principio de año.

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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS

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